LAS ATROCIDADES DE LA CUARTA REPÚBLICA


Fuente: Rebelion estudianti, 20 de diciembre de 2007

LAS ATROCIDADES DE LA CUARTA REPÚBLICA

Antes de Empezar debemos definir algunos aspectos que destacan lo pertinente a la defensa de los Derechos Humanos (DDHH) Dentro y fuera de nuestra Constitución, así como también definiremos algunos tópicos como lo es la Clasificación de los DDHH entre otros.



DEFINIR AL ESTADO COMO GARANTE DEL EJERCICIO Y GOCE IRRENUNCIABLE DE LOS DERECHOS HUMANOS:



El Estado asume la obligación de indemnizar por los daños causados a las victimas o sus herederos (Articulo 30 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela), también asume el castigo a los funcionarios que maltraten o humillen a las personas. Esta obligación del Estado de responder por los atropellos de los funcionarios.


Existía en la Constitución del 61, pero no de una manera tan clara y tajante. El ciudadano afectado puede ahora recurrir ante dos nuevas instancias de acuerdo con la Constitución: ante el Defensor del Pueblo, con obligación de este de seguir las acusaciones del caso o ante los organismos internacionales según los convenios de los Derechos Humanos que ha suscrito el Estado y ante la Fiscalía del Ministerio Publico atiende la demanda en nombre del Estado.


La Constitución admite la existencia de una autoridad por encima del propio Estado, cuando se trate de proteger o indemnizar a un ciudadano por estos daños causados por sus autoridades, además siempre tiene el afectado el Derecho de acudir a los tribunales ordinarios por medio de su abogado.


Una sentencia en contra del Estado tiene dos vertientes:


1. el castigo al infractor, sentencia que puede ejecutarse inmediatamente al hacerse firme y puede consistir en la destitución y encarcelamiento consiguiente.
2. el resarcimiento económico a la victima o sus herederos, lo cual no es tan factible por la tradicional resistencia del Estado a indemnizar.


ORIGEN DE LOS DERECHOS HUMANOS:


Los Derechos Humanos nacen y se fundamentan en la naturaleza intrínseca del ser Humano. Los Derechos Humanos no aparecen con las Revoluciones, sino por el contrario siempre han existido, ya que son inherentes al ser Humano por lo tanto constituyen la esencia del mismo. Se ha hablado desde tiempos remotos de ellos, como por ejemplo en la Biblia, o en la época del Rey Hammurabí en la antigua Babilonia, en la antigua Grecia por Platón como opositor acérrimo del esclavismo y en la edad media con San Agustín y Santo Thomas de Aquino entre otros han dado fe de que siempre se ha buscado la dignificación del ser Humano


Para algunos, los derechos humanos son una constante histórica, con clara raigambre en el mundo clásico; para otros, son fruto del cristianismo y de la defensa que éste hace de la persona y su dignidad. Para los más, los derechos humanos aparecen, como tales, en la edad moderna. Como hecho histórico, esto es incontestable.

La edad media fue una época en la que primaron los derechos estamentales, propios no de los hombres sin más, sino de los órdenes, de los estamentos en que se configuraba y estructuraba la sociedad. De los derechos humanos empezó a hablarse en tanto los vínculos estamentales se relajaron, y a medida que se consolidó el Estado moderno. En sus orígenes surgieron frente a periodos de intolerancia. Grupos minoritarios, como los calvinistas franceses (hugonotes), que fueron perseguidos, reclamaron la tolerancia y la libertad de conciencia— al compás de las guerras de religión. Surgieron, en síntesis, de convulsiones colectivas. Los derechos humanos no implican una tensión entre particulares ni entre el ciudadano y el Estado. Tienen un planteamiento inspirador filosófico, así como unas garantías difíciles de aplicar cuando no son ilusorias. Se plasman, más adelante, en declaraciones de derechos, que propician el tránsito de los derechos humanos a los derechos fundamentales, dotados de garantías. Los derechos humanos se establecieron en el Derecho internacional a partir de la II Guerra Mundial y, tras su conclusión, se elaboraron numerosos documentos destinados a enumerarlos, propiciar su protección, declarar su importancia y la necesidad de respetarlos. En primer lugar, hay que citar la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, que distingue entre derechos relativos a la existencia misma de la persona y los relativos a su protección y seguridad, a la vida política, social y jurídica de la misma, y los derechos de contenido económico y social. Son, asimismo, relevantes: la Declaración de Derechos del Niño, firmada el 20 de noviembre de 1959; la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, suscrita el 20 de diciembre de 1959; el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, estos dos últimos adoptados por las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966. En el ámbito europeo, cabe destacar la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, nacida el 4 de noviembre de 1950, en el seno del Consejo de Europa, y que cuenta con una Comisión y con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con competencia, llegado el caso, para proceder al examen y la resolución de conflictos relacionados con la vulneración de los derechos y libertades contenidos en la Convención.


Se pueden diferenciar tres fases en este proceso. La declaración de derechos nace, por regla general, como un conjunto de teorías filosóficas. Son universales por lo que al contenido respecta y porque se refieren a cualquier hombre, abstracción hecha de tiempo y lugar; son sobre todo muy limitadas en lo que a eficacia se refiere, al ser (como mucho) propuestas para futuras e hipotéticas leyes. Más tarde y en algunas ocasiones, las declaraciones de derechos llegan a plasmarse en las constituciones, con lo cual ganan en concreción lo que pierden en universalidad, quedando protegidos como verdaderos derechos subjetivos, pero sólo en el ámbito del Estado que los reconoce de forma efectiva. No son así, en consecuencia, derechos del hombre, sino del ciudadano, es decir, derechos del hombre en cuanto que derechos del ciudadano de un Estado concreto. Con la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 comenzó una tercera fase donde la afirmación de los citados derechos se quiere a un tiempo universal y positivo. Universal, porque los destinatarios son todos los hombres y no tan sólo los ciudadanos de uno u otro Estado. Positiva, porque se entiende que emprende un proceso, concluido el cual los derechos humanos no sólo serán proclamados, sino protegidos de un modo material, incluso contra el propio Estado que los viole.


El Tribunal Europeo de Derechos Humanos:

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuya sede (en la imagen) radica en la ciudad francesa de Estrasburgo, fue fundado a partir de ser firmada el 4 de noviembre de 1950, en el seno del Consejo de Europa, la Convención Europea de los Derechos Humanos. Los estados signatarios de este tratado se comprometían a respetar y proteger los principales derechos civiles y fundamentales del ser humano.


CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS:

El listado de normas en las que aparecen los Derechos Humanos nunca será completo, dado que el cumplimiento de alguno necesitara inevitablemente la concreción de otro. La doctrina ha elaborado una suerte de jerarquía en la que los Derechos resultan coordenados por prioridades, y ha realizado una división entre Derechos Civiles y Políticos, Derechos Económicos, Sociales y culturales y Derechos de tercera Generación.
Derechos Civiles y Políticos o Primera Generación:

Se refiere a los Derechos Civiles y Políticos, también denominados Libertades Clásicas. Este primer grupo lo constituyen los reclamos que motivaron los principales movimientos Revolucionarios en diversas partes del mundo a finales del siglo XVIII. Como resultado de esas luchas, esas exigencias fueron consagradas como auténticos Derechos y difundidos Internacionalmente, entre los cuales figuran:
• A la Vida.
• A la integridad personal, (psíquica, física y moral)
• A la libertad personal.
• A peticionar ante las autoridades.
• A la Libertad de Expresión.
• A la protección de la Libertad de conciencia y religión.
• A reunirse libremente y a asociarse.
• A la identidad y a la nacionalidad.
• A la Propiedad Privada.
• A circular y a recibir en el Territorio de un Estado.
• A un Juicio justo en plazo razonable ante un tribunal objetivo, independiente e imparcial.
• A la presunción de inocencia.
• A la Defensa.
• A no ser Discriminado.


Derechos Económicos, Sociales y Culturales o Segunda Generación:
Esta constituido por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, debido a los cuales, el Estado de Derecho pasa una etapa superior, es decir, aun Estado social de Derecho. De ahí el surgimiento del Constitucionalismo social que enfrenta la exigencia de que los Derechos sociales y económicos, descritos en las normas Constitucionales, sean realmente accesibles y disfrutables. Se demanda un Estado de bienestar que implemente acciones, programas y estrategias, a fin de lograr que las personas los gocen de manera efectiva y son los Derechos a:
• A trabajar.
• A la salud.
• A la cultura.
• A la protección y asistencia familiar.
• A la asistencia de niños y adolescentes.
• A recibir protección y asistencia durante embarazo y parto.
• A una alimentación, vestido, y vivienda adecuada.
• A la educación pública y gratuita en todos los niveles de enseñanza.


Derechos de incidencia colectiva o de tercera Generación:
Este grupo fue promovido a partir de los setenta para incentivar el progreso social y elevar el nivel de vida de todos los pueblos entre otros, destacan los relacionados con:
• El uso de los avances de la ciencia y la tecnología.
• La solución de los problemas alimenticios, demográficos, educativos y ecológicos.
• El medio ambiente.
• El patrimonio común de la Humanidad.
• El desarrollo que permita una vida digna.
• El libre desarrollo de la personalidad.

Cuarta Generación:
Son aquellos que se generan a partir del desarrollo científico y tecnológico. Los mismos se han derivado de los derechos de tercera generación por lo tanto no es exacta la definición de que estos sean o no independientes.


LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MARCO DE LA CONSTITUCIÓN:

Inspirada por las principales tendencias que se han desarrollado en derecho comparado y en los tratados internacionales sobre derechos humanos, la Constitución reconoce expresamente el principio de progresividad en la protección de tales derechos, conforme al cual el Estado garantizará a toda persona natural o jurídica, sin discriminación alguna, el respeto, el goce y el ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los mismos.

Se reconocen como fuentes en la protección de los derechos humanos a la Constitución, a los tratados internacionales suscritos y ratificados por la República en esta materia, y a las leyes que los desarrollen. Al respecto, con el objeto de reforzar la protección de los referidos derechos se establece que los tratados, pactos y convenciones internacionales en esta materia, suscritos y ratificados por Venezuela, prevalecen en el orden interno en la medida en que contengan normas sobre el goce y ejercicio de los derechos humanos más favorables a las contenidas en la Constitución y en las leyes, siendo sus disposiciones de aplicación directa e inmediata por los tribunales de la República y demás órganos que ejercen el Poder Público. Por ello, en el caso de que un tratado internacional suscrito y ratificado por Venezuela reconozca y garantice un determinado derecho humano, en forma más amplia y favorable que la Constitución, prevalece en todo caso el instrumento internacional y debe ser aplicado en forma preferente, directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado.

Se reconocen los derechos al libre desenvolvimiento de la personalidad y a la igualdad. En relación con éste último, se refuerza y amplía la protección constitucional al prohibir no sólo las discriminaciones fundadas en la raza, el sexo o la condición social, sino además, aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona. Lo anterior obedece a que en la práctica la dinámica social suele presentar situaciones de discriminación que deben su origen a razones distintas de la raza, el sexo o la condición social.

Por otra parte, la Constitución amplía conceptualmente la protección de los derechos humanos con una marcada influencia ius naturalista, al disponer que la enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona, no figuren expresamente en ellos. Por tal motivo se establece que la falta de ley reglamentaria de esos derechos no menoscaba el ejercicio de los mismos. Además, a fin de incluir dentro de tal protección a los derechos inherentes a las personas jurídicas, se elimina la distinción que hacía la Constitución de 1961 y que abarcaba únicamente a los derechos inherentes a la persona humana.

Se consagra la garantía de no retroactividad de las leyes y de las disposiciones normativas y se amplía su alcance a fin de que en caso de dudas sobre su vigencia temporal, se aplique la norma que beneficie al reo.

Se mantiene la garantía según la cual todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por la Constitución y la ley es nulo; y los funcionarios públicos que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores. La Constitución incluye dentro del supuesto de esta garantía, los derechos humanos garantizados por la Constitución, así como los reconocidos por las leyes, en atención al sistema de fuentes que en esta materia consagra el texto constitucional, y con el objeto de ampliar y reforzar la protección de los derechos humanos.

Se reconocen los derechos de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, en virtud de los cuales toda persona puede acceder a los órganos de administración de justicia para obtener la tutela judicial efectiva de sus derechos e intereses, incluidos los colectivos o difusos. A tal efecto, los referidos órganos están representados por las cortes y tribunales que forman parte del Poder Judicial, así como por los demás órganos del sistema de justicia previsto en la Constitución, entre los cuales se encuentran los ciudadanos que participan en la administración de justicia o que ejercen la función jurisdiccional de conformidad con la ley.

Como una de las implicaciones del Estado democrático y social de Derecho y de Justicia en que se constituye a Venezuela por obra de la Constitución, y con el fin de erradicar uno de los principales problemas de la Nación venezolana, en virtud del cual el Poder Judicial se caracterizó por su corrupción, lentitud e ineficacia y, especialmente, por restringir el acceso de la población de escasos recursos a la justicia; la Constitución exige al Estado garantizar una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles.

De esta forma se consagra la justicia gratuita como un derecho humano que encuentra su principal fundamento en los derechos a la igualdad y a la tutela judicial efectiva que reconoce la Constitución y que tiene por objeto permitir el libre acceso de toda persona a la justicia, sin discriminación alguna. Como una de las consecuencias del referido derecho, la Constitución establece en su Título V Capítulo III, que el Poder Judicial no está facultado para establecer tasas, aranceles, ni exigir pago alguno por sus servicios, al tiempo que prevé el servicio de defensa pública.

El amparo se reconoce como una garantía derecho constitucional, cuya finalidad es la tutela judicial reforzada de los derechos humanos, aun de aquellos inherentes a la persona humana que no figuren expresamente en la Constitución o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Al respecto, se dispone que el procedimiento que deberá establecer la ley correspondiente en materia de amparo constitucional, será oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidad, todo ello con el objeto de garantizar su eficacia.

En lo que se refiere al hábeas corpus o amparo a la libertad o seguridad personal, se establece una acción popular y se prevé que el detenido sea puesto bajo custodia del tribunal correspondiente de manera inmediata.

Se reconoce por vez primera en el constitucionalismo venezolano, el hábeas data o el derecho de las personas de acceso a la información que sobre sí mismas o sobre sus bienes conste en registros oficiales o privados, con las excepciones que establezca la ley. El hábeas data incluye el derecho de las personas de conocer el uso que se haga de tales registros y su finalidad, y de solicitar ante el tribunal competente su actualización, rectificación o destrucción, si fuesen erróneos o afectasen ilegítimamente sus derechos.

Por otra parte, como una conquista de la lucha por la protección integral de los derechos humanos, la Constitución impone al Estado la obligación de investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades, al tiempo que establece, sin excepción, que las violaciones de tales derechos y los delitos de lesa humanidad serán investigados y juzgados por tribunales ordinarios, a fin de excluir tribunales militares o de excepción de cualquier investigación al respecto.

Igualmente, se impone al Estado la obligación de indemnizar integralmente a las víctimas de violaciones de los derechos humanos que le sean imputables, o a sus derechohabientes, incluido el pago de daños y perjuicios, todo lo cual constituye una consecuencia del principio de la responsabilidad patrimonial del Estado reconocido por la Constitución.


CONCEPTO Y ALCANCE DE LA JUSTICIA SOCIAL Y ESTADO DE DERECHO EN LA HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE VENEZUELA:

Justicia Social:
Expresión muy usada en política, sociología y Derechos del Trabajo para significar una tendencia doctrinal y practica encaminada a proteger a las personas económicamente débiles, elevando su nivel de vida y de cultura y proscribiendo aquellos privilegios de las clases económicamente fuertes que originan inadmisibles desigualdades sociales
El concepto, mas utilizado que elaborado ignora lo que ha representado la política social y lo que debe ser una moderna política laboral.

Estado de Derecho:
En su definición existen profundas divergencias, para algunos autores todo Estado lo es de Derecho puesto que se rige por normas Jurídicas cualquiera sea su procedencia o la autoridad de que dimane con tal que tenga la posibilidad de hacer cumplir su determinación dentro del orden interno. El Estado de derecho equivale a estado constitucional. El Estado de Derecho es aquel en que los poderes del gobierno interdependientes y coordinados representan, conforme a la reconocida frase de Linconl “el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, a este respecto dice Sánchez Viamonte: los poderes o ramas del gobierno perteneciente a un tronco común nacen del pueblo en forma mas o menos directa, actúan en su nombre bajo el imperio de las normas Constitucionales.

A partir de los conceptos antes descritos, podemos destacar que en la República Bolivariana de Venezuela a lo largo de nuestra historia contemporánea se cumplen estos preceptos desde 1999 para acá, ya que la Justicia Social aparece como respuesta directa a la exclusión social del pueblo Venezolano. En la cuarta Republica el creciente malestar y el reclamo de la clase mas humilde dio paso al conjunto de decisiones, normas y principios considerados razonables por un colectivo social determinado y consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, siendo este la punta de lanza enarbolada por nuestro Presidente Hugo Rafael Chávez Frías en este proceso Revolucionario, buscando la equidad de las clases desposeídas.

La lucha contra la distribución desigual de bienes que son de todos, la solicitud o preocupación por el bien común, la idea de que Justicia equivale a paz y la conciencia de ello en los individuos son todos componentes de un sistema social justo.

El Estado de Derecho durante la historia ha sido vulnerado por los mismos gobiernos. Con la redacción y posterior aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el estado a introducido un verdadero mecanismo de defensa de la administración de justicia, incluyendo en nuevo texto la facultad de Poderes Públicos a la Fiscalía General de la República y creando jurídicamente una Defensoría del Pueblo como un Poder Publico encargado de la promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías establecidos en esta Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos, además de los intereses legítimos, colectivos y difusos, de los ciudadanos y ciudadanas.


VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS POR LOS DISTINTOS GOBIERNOS VENEZOLANOS:

Para hablar de la violación de los Derecho Humanos en Venezuela es necesario puntualizar que desde la época de la conquista se han vulnerado los conocidos Derechos Naturales o fundamentales de los individuos y que no es sino hasta 1948 cuando se firmo el acuerdo internacional conjunto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual fue ratificada en varias ocasiones por los distintos gobernantes de la republica. Sin embargo desde la misma ratificación de los mismos, estos fueron vulnerados por sus ratificantes, quienes utilizaron como medio de perpetración seudo democrática el uso de las tácticas inhumanas de la tortura y desaparición forzosa de la disidencia política en su entorno. Con el llamado pacto de Punto Fijo se intensifico más la persistente violación a los Derechos fundamentales de aquellos que militaban las filas de la izquierda en Venezuela.

También es resaltante hablar que el padre moderno de estas practicas de represión fue el dictador Marcos Pérez Jiménez, quien puso de moda a la tristemente celebre Seguridad Nacional, bajo la dirección de Pedro Estrada. Este organismo se destaco como una organización policial de inteligencia del ejecutivo, y que tuvo a sus hombros la tarea de silenciar a todo aquel que discrepara con el régimen dictatorial del gobierno de turno. También aquí se hizo famosa la cárcel de la rotunda, como epicentro de violación de las vidas humanas de cientos de Venezolanos. Claro esta que en el gobierno de Marcos Pérez Jiménez era de esperar que los acontecimientos ya descritos se suscitaran, lo que resulta inaudito es que los gobiernos posteriores, que enarbolaban la bandera de la democracia los hicieran mas masivos tal es el caso de los dos periodos de gobierno de Carlos Andrés Pérez en donde se suscitaron para solo mencionar, el Caracaso donde el gobierno a mansalva ordeno a dispararle al pueblo desarmado que protestaban por las medidas económicas y políticas impuestas por este asesino.

Entre los tantos levantamientos que se producen en los primeros años de la democracia representativa, uno de los más cruentos es la insurrección cívico-militar de Puerto Cabello, mejor conocida como “Porteñazo”.

La acción se inicia el 2 de junio de 1962 con una sublevación en la base naval de Puerto Cabello. Apenas el gobierno nacional se entera del intento de golpe, para controlar la situación envía efectivos de la Fuerza Aérea y del Ejército, quienes bombardean y rodean la ciudad. Combates frontales entre las fuerzas insurrectas y las leales al gobierno se producen durante 24 horas dejando un saldo sin precedentes de 400 muertos y 700 heridos.

El día 3, el ministerio de Relaciones Interiores anuncia que las Fuerzas Armadas leales al gobierno han puesto fin a la rebelión. El día 6, son trasladados a prisión los jefes insurrectos, el capitán de navío Manuel Ponte Rodríguez, el capitán de fragata Pedro Medina Silva y el capitán de corbeta Víctor Hugo Morales. Más tarde se comprobará la participación de activistas ligados al Partido Comunista de Venezuela y se dará inicio en el seno de las Fuerzas Armadas a un proceso de depuración de aquellos oficiales ligados o sospechosos de simpatías con la izquierda.

Como dramático testimonio de esos días ha quedado este registro del fotógrafo venezolano Héctor Rondón. La imagen es publicada por la revista Life, se hace merecedora del premio Pulitzer de ese año y le da la vuelta al mundo a través de las agencias de noticias. La imagen del soldado herido que busca protección en el cuerpo del padre Padilla se convierte en un símbolo contra la violencia política de los sesenta.


Caso la Pensión: En una pensión de Valencia fueron asesinadas simultáneamente 9 personas, alegando que tenían antecedentes y que se trataba de un enfrentamiento: José del Valle Bermúdez Guzmán, José Alberto Avendaño Castellano, Fabio Alfredo Dugarte Mora (19 años), Mertis Flesa Rodríguez, Omar Alexis Escobar Landaeta, Carlos Alberto García (15 años), Vásquez Ulloa (26 años), Pedro Antonio Galvis y Bernardo Sánchez Moreno.

Liceo Sanz (Maturín)
Se suscito el 4 de mayo de 1962, bandas armadas de Ad comandadas por el Gobernador Armando Sánchez, asesinan a los estudiantes Rafael Guerra e Cesar Alberto Millán a parte de dejar a mas de una docena de heridos.


Violación de los Derechos Humanos durante el gobierno Rómulo Betancourt



Entre los tantos levantamientos que se producen en los primeros años de la democracia representativa, uno de los más cruentos es la insurrección cívico-militar de Puerto Cabello, mejor conocida como “Porteñazo”.

La acción se inicia el 2 de junio de 1962 con una sublevación en la base naval de Puerto Cabello. Apenas el gobierno nacional se entera del intento de golpe, para controlar la situación envía efectivos de la Fuerza Aérea y del Ejército, quienes bombardean y rodean la ciudad. Combates frontales entre las fuerzas insurrectas y las leales al gobierno se producen durante 24 horas dejando un saldo sin precedentes de 400 muertos y 700 heridos.

El día 3, el ministerio de Relaciones Interiores anuncia que las Fuerzas Armadas leales al gobierno han puesto fin a la rebelión. El día 6, son trasladados a prisión los jefes insurrectos, el capitán de navío Manuel Ponte Rodríguez, el capitán de fragata Pedro Medina Silva y el capitán de corbeta Víctor Hugo Morales. Más tarde se comprobará la participación de activistas ligados al Partido Comunista de Venezuela y se dará inicio en el seno de las Fuerzas Armadas a un proceso de depuración de aquellos oficiales ligados o sospechosos de simpatías con la izquierda.

Como dramático testimonio de esos días ha quedado este registro del fotógrafo venezolano Héctor Rondón. La imagen es publicada por la revista Life, se hace merecedora del premio Pulitzer de ese año y le da la vuelta al mundo a través de las agencias de noticias. La imagen del soldado herido que busca protección en el cuerpo del padre Padilla se convierte en un símbolo contra la violencia política de los sesenta.

Asesinados:
Carlos Martines, Libia Gouverner, Alejo Cenit, Alejandro Sandoval, Iván Cordero, Jesús Alberto Trujillo, Jesús Jiménez, Humberto Méndez, Antero Mendoza, Manuel A Mújica, francisco Barreto, Efraín Cordero, Alí José Paredes, Roque Lucena, José Martínez, Julio Cesar Morales, Gregorio Pinto, Rafael Hernández, Toribio García (autor de un libro de cuentos), Oswaldo Orsini, Andrés Cova Casas, Amado Petit (cayo en combate), Ricardo navarro, Juan Francisco Villegas (muerto en la Plaza la Concordia el 04/08/59/), Rafael Simón Montero (muerto en la Plaza la Concordia el 04/08/59/), Rafael González (muerto en la Plaza la Concordia el 04/08/59/), Luisa Cazorla, Isabel Ribas, Alexis Rivero, Francisco Lozada, José Chávez, Aníbal Morales, Ramón Revilla, Tte. Cnel. Rafael Clemente Pacheco (Ramo Verde 30-10-60), Jesús Echenique, Alberto Millán, Manuel Guerra, Orlando Orsini, Oscar Solórzano, Alberto Rudas Mesones, Santos Chauron, José Montesino, Dra. Natalia Chinaglia, José Rodríguez, Chico Vásquez, Aquiles Bellorí, Iván Barreto, Álvaro Ruíz, Cesar Ríos (rematado herido en Humocaro Alto el 13-04-62), Augusto Leál (rematado herido en Humocaro Alto el 13-04-62), Reinaldo García (rematado herido en Humocaro Alto el 13-04-62) y Omar Castejón (asesinado en Humocaro Alto el 13-04-62), además los asesinados de la masacre del Liceo José Miguel Sanz de Maturín el 04 de mayo del 62, donde bandas armadas de AD liderizadas por el entonces Gobernador Jesús Sánchez Bueno, asesinan a los estudiantes Rafael Guerra y Cesar Alberto Millán.


Violación de los Derechos Humanos durante el gobierno de Raúl Leoni

Asesinados: Para empezar lo haremos con dos emblemas de nuestra Democracia de los cuales dedicamos puntos especiales mas adelante; Fabricio Ojeda y Alberto Lovera, asesinados por la represión adeca de este Gobierno, continuamos con Alejandro Tejero Cuenca, Cesar Burguillos, Félix Farias, Antonio Díaz, Alberto Rudas Mezones, Cornelio José Alvarado (Niquita), El Chema Saher, Pedro Centeno Gómez, Esladía Vásquez y Juan Pedro Rojas Mollejas, Carmelo Mendoza, Juan Antonio Devides (AD), Heriberto Jiménez (URD), Humberto Arrieta y Aquiles Hernández.

Desaparecidos: Argimiro Gabaldón, Los Hermanos Andrés y José Pasquier, Víctor Ramón Soto Rojas, Trino Barrios, Donato Carmona, Felipe Malaver, Nicolás Hurtado Barrios, Toribio García, Alejandro Tejero, Pedro Manuel Centeno Gómez, Esladia Vásquez, Cornelio Alvarado, César Burguillos, Roger Zapata, Octavio Romero, Rubén León Rodríguez, Rafael Venancio Álvarez, Trino Barrios, Jeremías Barrios, Rafael Ladera, Felipe Quintero Padura, Heriberto Cartagena, Iván Peña, Manuel Ponte Rodríguez, Argelo Reina, Miriam Barreto Merchán, Juan Chacón Lanza, Omar Vásquez, Víctor Márquez, Luís Tineo Gamboa, Luís Juan Lezama, Juan Francisco Lugo, Rinder Colinas, Miguel Noguera, José Mendoza Ovalles “chino”, Bartolomé Vielma, José Miguel Rodríguez, Antonio Brione Montoto, Hugo Daniel Castillo, Luís Hemiro Arrieta, Iván Moscoso, Félix José Farias Salcedo, Alejandro Tejero, Trina Urbina, Raúl Rubio, Julián Camacho, Dora González, Elpidio Padovani, Arturo Angarita, José David de la Rosa, Carlos Navoa Guerrero, Omar Ramones Romero, Orlando Medina, José Damián Ramírez Labrador, José “cheito” Yépez, Carlos Luís Hernández, Armando Rosales, Guillermo Lapp, Ibrahin Villasmil, Leopoldo Salazar, Jesús Pérez, Félix Adams, Alejandro Tejeira, Enrique Rivero Muñoz, Leonardo Quinta, Eloy Francisco Pérez Silva, Eleazar “loco” Fabricio Arístigueta, Luís Fernando Vera Betancourt, Pedro Cabrera Torres, Concepción “conchita” Jiménez, Eduardo “el gago” Jiménez, Cristóbal Campero, Plinio Rodríguez, Cariote Agreda, Eduardo Mijares, Felipe Malaver, Lino Arcadio Martínez, Jesús Marques Finol “motilón”,César Ríos, Ricardo Navarro, Ramón Villaroel, Miguel Ángel Guerrero, Miguel Ángel Guerra Léidenz, Iván Daza, Pío Gil Mendoza, Carmelo Mendoza, Héctor Rodríguez Armas, Enrique Acosta, Luís Días, Ricardo Castro, Julio César Rodríguez González, Luís Enrique Losada (Baños), Guadalupe Torres, Rosa Alvarado, Manuel Sánchez, Jesús Elías Vásquez, Alonso Hernández, Teodoro Morán, Juan Camacho, Enésimo Mendoza, Silverio Puerta, Benjamín Montilla, Pedro Callegas, Tomás Toro, Beltrán Liberón Lucena, Timoteo Colina, Alvarado Candelario Castillo, José de los Santos Reyes, Maria Cobis, Teodosio Arcaya, Túlia de Cordero, Nelson Rafael Coronado, Quintín Chirinos, Roseliano Colmenares, Rafael Ortega, Cipriano González, Luís García Ausejo, Pedro González, Rafael Urdaneta, José Anastasio Alvarado, Juan Bautista Ollarves, Pablo Márquez, Ramón Arguello, Domingo Pérez, Guadalupe Polanco, Alfonso Uzcátegui, Pompeyo Medinas, José Valentín Chirinos, Enrique González, Víctor Rodríguez, Francisco Quiñónez, Arnaldo Bello, Rufino Terán, José Quiriife, Omar José Mendoza, Delfín de Jesús González, Tomás Romero Ceballos, Dionisio Pérez, Franklin Hidalgo, Nelson Ramón López, Isidro Escalona, José Felipe Alvarado, Matías Colmenares, Rubén Alvarado, Antonio Rojas, Antonio Mercedes Jiménez, Emilio Pérez, José Antonio Devides, Alirio López, Juan José Soto, Micolas Sánchez, Bernardo Soto, Juan Bautista Sivíra, Cipriano Yépez, Evangelista Goyo, Soleima Goyo, Baudilio Goyo, Oberto Zárraga, Octavio Romero, Manuel Antonio García, Pablo Márquez, Manuel Estrada, Domingo Peraza, Juan Bautista Sánchez, Rigoberto Escalona, Manuel Chirinos, Remigio Rodríguez, Manvel Antonio Aguilar, Francisco Encarnación Castillo, Martín González, Marcos Claudio Carmona, Rubén Ávila Torres, José Luís Herrera, Rufo Terán, Ramón González, Macario Vizcaya, Omar José Mendoza, Jesús Maria Vásquez, Rufino Angulo, José Rodríguez, Buena Aventura Orellana, Isidoro Escalona, Arnaldo Rafael Fernández Guerrero, Dionisio Rodríguez, Matías Colmenares, Rafael Venancio Álvarez, Abilio López Cedeño, Rubén León Rodríguez, Pablo Moreno, Tc. Rafael Clemente Pacheco Ochoa, Gabriel Ardancia, Billo Iturbe, Rafael Antonio Briceño, Fedor Reyes, Saúl Enrique Ojeda, Raimundo Quero, Rogelio González, Carlos Martínez Ruíz, Iván Benítez, León Dávila, José González Rosas, José Teolindo Cordero, José de Jesús Maya, Fernando Lugo, José Miguel Rodríguez, José Antonio Rodríguez, Eugenio Riera, Freddy Enrique Leal, Horacio Daniel Castillo, José Ramón Ortega, Pedro Cabrera Torres, Rafael Lares León, Carlos Mendoza, Leonardo Enrique Pérez, Leonardo Quintana, Nelson Castellanos, Primitivo Salazar, José Luís Montero, Nicolás Beltrán, Alberto Alvarado, Nelson Ruiz, Melvín Marín Sánchez, Víctor Quiñónez, Luís Hernández, Luís Días, Toribio García, Víctor Márquez, Joel Linarez, Iván Moscoso, Pedro Manuel Centeno Gómez, Valentín Villasmil, Raúl Castro González, Arcadia Pérez Maldonado, José Gregorio Suárez, Arcadio Pérez Martínez y Carlos Guillén Rodríguez.
Personas que aparecieron luego de la denuncia ante el Congreso Nacional, por José Vicente Rangel:
• Pedro Ramón González Marcano.
• Raúl Castro González.
• José Gregorio Suárez.
• José de Jesús Mata.
• Eduardo Mijares y
• Carlos Guillén Rodríguez.


Violación de los Derechos Humanos durante el gobierno de Rafael Caldera 1969-1974

Asesinados:
Francisco Barrios Padrón, Américo Silva, Argelo Reina, Jesús Márquez Finol (motilón), Francisco Alberto Caricote Agreda, Plinic Iván Rodríguez Acosta, Manuel Salvador Rojas García, Alexander Hugo Arzolay, César Augusto Sánchez, Carlos Reina, Álvaro Fernández, Onorio José Navarro, Ramón Antonio Colon, Aurelio Terocertt Calma, Rafael Antonio Parra, José Vilorio Gutiérrez, Ángel Maria Castillo, Esladia Margarita Vásquez Rojas, Exio Contreras Vergara, Luís Guillermo Morales, José Araque, Guido José Machado, Omar Luengo Camejo, Ernesto Bracho, Capraccio Medina ( Sidor, Bolívar 1972), Hilario Navarro (Valencia, Carabobo, 1972), Hugo Guzmán Jaramillo, Miguel Salas Suárez ( fusilado por la Guerrilla), Vladimir José Mota Contreras (asesinado en el Luís Razetti, Caracas 26-01-71), Ángel Valois Rivero Leál (Coro-Falcón. 22-11-71), Melvín Marín Sánchez ( UCV), Mirian Barreto Merchán.

Desaparecidos: Noel Rodríguez (activista de Bandera Roja) y Luís Hernández (Estudiante).


Violación de los Derechos Humanos durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez 1974-1979

Asesinados: Jorge Rodríguez (Secretario General de la Liga Socialista Expresidente de la Federación de Centros universitarios. Asesinado en un calabozo de la Disip luego de ser torturado), Abg. Alberto Aguilar Cerrada (caso chatarra militar), Salazar Noriega Ledis, Francisco Trias Izquierdo (estudiante de cuarto año del Colegio Urbaneja Achepol, asesinado por agentes de la PTJ en la calle real de Prado de Maria el 06-12-74), Álvaro Enrique Gómez Aponte (17 años, 06-12-74), Felipe Santiago Silvera Solano, Hidelgard Romero, José Paulino Lobo Velasco (1975), José del Valle Bermúdez Guzmán (1975, escuadrón Volante de la PTJ).

En una pensión de Valencia fueron asesinadas simultáneamente 9 personas, alegando que tenían antecedentes y que se trataba de un enfrentamiento: José del Valle Bermúdez Guzmán, José Alberto Avendaño Castellano, Fabio Alfredo Dugarte Mora (19 años), Mertis Flesa Rodríguez, Omar Alexis Escobar Landaeta, Carlos Alberto García (15 años), Vásquez Ulloa (26 años), Pedro Antonio Galvis y Bernardo Sánchez Moreno.
José Jimmy Rojas Camacho. Asesinado en su casa en San Bernardino a los 17 años de edad, José Hidalgo Olivo (asesinado en el observatorio de Caracas, por tirar piedras en el techo de Casa Militar, Aída González, Abg. Omar Carmona Vásquez (asesinado por el grupo de apoyo táctico Gato, “Grupo de Apoyo táctico Operativo”. Anouel Pacheco, Pablo Díaz, Jesús Villaroel, Nelson Fuentes Torrealba y otros funcionarios, fue procesado el director de la PTJ Manuel Molina Gásperi.

Ricardo Acevedo, Agustín Serrano, Enrique Rodríguez, Alexander Ferrer, Tito González Heredia, Vicente Contreras Duque, Francisco Davisson Guillén, Rafael Bottini Marín, Federico Bottini Marín, Orlando Bottini Marín, Marlon José Ferrara “Watusi”, Cesar Enrique Núñez, Fernando Quintero, Felipe Antonio Rodríguez, Ciro Medina, César Oropeza, Luís Duques, Carlos Olavaria, Argenis Betancourt, Pedro Calcurián, Juan Zabala Gómez, Mirtha Díaz.


Desaparecidos:
Adolfo Vannini Pocci. Caso Chatarra Militar, el Gobierno nunca permitió la exhumación del cadáver.


Violación de los Derechos Humanos durante el gobierno de Luís Herrera Campins 1979-1983

Asesinados:
En la Masacre de Cantaura:
Victimas:


1. Roberto Antonio Rincón Cabrera.
2. Emperatriz Guzmán Cordero.
3. Carmen Rosa Rojas García.
4. Sor Fanny Alonso Salazar.
5. José Miguel Núñez.
6. Mauricio Tejada.
7. Enrique Márquez Velásquez.
8. Carlos Jesús Hernández Arzola.
9. Idemar Lorenzo Castillo.
10. Luisa Estévez Arranz.
11. Baudilio Herrera Veracierto.
12. José Luís Becerra Navarro.
13. Eumenedis Gutiérrez Rojas.
14. Diego Alonzo Carrasquel.
15. Luís José Gómez.
16. Antonio Maria Echegarreta.
17. Eusebio Ricardo Martel Daza.
18. Rubén Alfredo Castro Batista.
19. Nelson Antonio Pacín Callazo.
20. Carlos Alberto Zambrano Mira.
21. Beatriz del Carmen Jiménez.
22. Julio Cesar Faria Mejia.
Mas asesinados: José Aquino Carpio (29-06-79), Carlos Wilfredo García Silva (29-06-79), Rafael Vicente Beaujón (Coro, Falcón), Rogelio Castillo Gamarra (Coro, Falcón), Andrés Avelino Colín (Coro, Falcón), Nicolás Montes Beltrán (Yaritagua, Yaracuy), José Antonio Figueroa (Zaraza, Guárico).


Violación de los Derechos Humanos durante el gobierno de Jaime Lusinchi 1984-1989

Asesinados por la Masacre del Amparo:
• José Indalecio Guerrero.
• José Ramón Puerta García.
• José Rigoberto Araujo.
• Rafael Magín Moreno.
• José Emeterio Marino Vivaz.
• Julio Pastor Ceballo.
• Arin Obadía Maldonado.
• Justo Pastor Marcano.
• José Gregorio Torrealba Bello.
• José Mariano Torrealba.
• Moisés Antonio Blanco.
• Pedro Indalecio Mosqueda.
• Luís Alfredo Berríos.
• Antonio Egazar.
• Ali Maldonado.
Sobrevivieron Walter Pinilla y José Arias.


Lista de asesinados en la Masacre de Yumare:
Alfredo Castillo, Dilia Antonia Rojas, Simón José Romero Madriz, Rafael Ramón Quevedo Infante, Nelson Martín Castellano Díaz, José Rosendo Silva Medina, Luís Rafael Guzmán Green, Pedro Pablo Jiménez García y Ronald José Morao Salgado.




Otros asesinatos: Abg. Luís Ibarra Riverol, Belinda Álvarez (estudiante de la UCV Trabajo Social), Tony Matos Villareal “Pony” (Mérida- Mérida ULA 07-87), Humberto López Velásquez (Mérida- Mérida ULA 07-87), José Ramón Guacaran (Mérida- Mérida ULA 07-87), Luís Gerardo Guillén Duarte (Mérida- Mérida ULA 07-87), Manuel Lorezo Vera Moreno (Barquisimeto-Lara 11-87), Raúl Sanoja Fuenmayor (Carrizal- Miranda año 88), Luís Alfonso Barroso Zamora (Plaza Tiuna Caracas), Néstor Luís Hurtado (Plaza Tiuna Caracas), Hernán José Cova (Plaza Tiuna Caracas ), José Ramón Cova (Plaza Tiuna Caracas), Ángel César Camacho (Plaza Tiuna Caracas).


Violación de los Derechos Humanos durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez

La COFAVIC nunca preciso el numero de muertos y desaparecido.
“los sucesos de febrero a marzo de 1989, de acuerdo a cifra oficial dejaron un saldo de 277 civiles fallecidos. No obstante no existe una presición formal en cuanto al numero de victimas, quedando desvirtuada esta lista, por la aparición de 68 cadáveres inhumados en fosas comunes de la peste en los cuales se obviaron los procedimientos regulares tanto de carácter administrativo como penal”.
Los Muertos del Sacudon o Caracaso identificados:
• Luís Manuel Colmenares (22 años).
• Juan J Garrido Blanco (17 años)
• Daniel Guevara Ramos (17 años).
• Gustavo Pedro Guía Laya.
• Mercedes Beatriz Hernández González.
• Crisanto Maderos (37 años, Pintor).
• Francisco Antonio Moncada (8 años, el 28 de febrero a las cuatro de la tarde efectivos militares descargaron sus armas de fuego, contra la familia Moncada mientras estos se encontraban en la terraza de su casa, alcanzando en la cabeza a la pequeña victima).
• Héctor Daniel Ortega Zapata (23 años, estudiante).
• Rubén Javier Rojas Campos (asesinado mientras llamaba en un teléfono público con sus familiares, el 01-03 del 89).
• Esteban Luciano Rosillo García (Estudiante de 20 años).
• Leobardo Guillén.
• Tirso Cruz Tezara Álvarez.
• Jorge Daniel Quintana (de 17 años, estudiante asesinado por efectivos de la PM Caracas).
• Wolfan Quintana Vivas (Comerciante de 20 años asesinado por efectivo militar mientras sostenía en sus brazos a su hija de tres meses cerca de una ventana de su residencia).
• Yurima Ramos (Estudiante).
• Iván Rey.
• Benito Aldana.
• Jesús Blanco.
• Boris Eduardo Marcano.
• Jesús Alberto Cartaza.
• Julio César Freites (Estudiante de 17 años).
• Héctor Lugo Cabriles.
• José Montenegro.
• Rosa Ramírez.
• Sabas Reyes Gómez.
• Fidel Romero Castro.
• Alis Torres Flores (Estudiante de 20 años de edad).
• Richard José Páez Páez (Estudiante de 17 años).
• Carlos Elías Ojeda Parra (asesinado por la espalda).
• José del Carmen Pirela León (Estudiante de 16 años).
• José Vicente Pérez Rivas (Vendedor de 18 años).
• Roberto Valvuena Rojas (Estudiante de 22 años).
• José Valero Suárez (22 años, obrero).
• José Lizcano Betancur.
• Juan Acacio Mena
• Andrés Eloy Suárez Sánchez.
• Jesús Cedeño.
• Abelardo Antonio Pérez (Albañil de 45 años).
• Jesús Rafael Villalobos.


Mas asesinados del Sacudón: a parte de estos fallecidos existe una nueva lista de 462 asesinados y tres discapacitados en esos días por agentes militares, policiales e independientes al servicio del gobierno de Carlos Andrés Pérez, anexa en el presente trabajo investigativo.




ÓRGANOS DE SEGURIDAD Y REPRESIÓN DE LA CUARTA REPÚBLICA (DIGIPOL, SIFA, Y SEGURIDAD NACIONAL):

DIGEPOL:
El 29 de Abril de 1959, según Decreto Ejecutivo N°51, tomando en consideración la necesidad de delimitar las funciones y competencias de los distintos cuerpos policiales, se crea la dirección general de policía “DIGEPOL”, organización antecesora de la DISIP, la cual tendría como tarea “ejercer y coordinar en todo el territorio nacional las funciones policiales destinadas a la conservación del orden y la tranquilidad publica”, de acuerdo con la competencia asignada al Ministerio de Relaciones Interiores, en el Articulo Nº 18 del Estatuto Orgánico de Ministerios, dejando a salvo las atribuciones legales de la Policía Técnica Judicial y de las policías estatales. Con esta decisión se separan las atribuciones de la policía criminal, de la facultad y potestad de inteligencia y seguridad estatal. Sin embargo, la inestabilidad política que caracterizó a la época de los años 60, obliga a la DIGEPOL a convertirse en un cuerpo policial de carácter más represivo que de inteligencia.

Diez años después, el 19 de marzo de 1969, la DIGEPOL paso a ser lo que hoy se conoce como DISIP, cuando por Decreto Ejecutivo Nº 15, el Presidente Rafael Caldera, crea la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención, dependiendo del Ministerio de Relaciones Interiores, actualmente Ministerio del Interior y Justicia. Posteriormente con la promulgación de la Ley Orgánica de Administración Central, se ratifica su adscripción al citado Ministerio con nivel de Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención DISIP, aunque el cambio de nombre obedeció al propósito de borrar la fama dejada por DIGEPOL en el ámbito policial y como organismo de seguridad; siendo eliminado posteriormente el carácter de Sectorial.

Hoy en día, la DISIP no es un organismo represor, y consciente de ello, el actual Director General, se dispuso a llevar adelante una profunda reestructuración, no solamente para erradicar viejos esquemas de funcionamiento sino para retomar su función vital, modernizarla y adaptarla a las nuevas exigencias y retos que plantea la compleja realidad nacional. Y es así como de cuerpo represor, la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención, DISIP, se convierte en una institución garante de la seguridad y de los derechos de la ciudadanía en general, y no solamente de pequeños grupos como se venia estilando. Su nueva misión se encamina a estructurar un organismo de inteligencia al servicio del Estado.

DISIP:
En el año 1969, según Decreto Ejecutivo Nº15, el Presidente Rafael Caldera crea la División de Servicios de Inteligencia y prevención, dependiendo del Ministro de Relaciones Interiores, actualmente Ministerio de Interior y Justicia, ratificando posteriormente con la promulgación de la Ley Orgánica de Administración Central, su adscripción al citado Ministerio con nivel de Dirección General sectorial de los servicios de inteligencia y prevención.

Hoy en día es una institución garante de la seguridad y de los Derechos de la ciudadanía en general, encaminada a estructurar un organismo de Inteligencia.

SIFA:
Sus siglas gozan del significado, el siguiente; Servicios de Inteligencia de las Fuerzas Armadas.

A mediado del siglo XX en el año 1946 funcionaba como un negocio de informaciones, adscrito a la segunda sección de Estado Mayor General.
Posteriormente y de conformidad a los planes del Ministerio de la Defensa, fue creado el Servicio de Información de las Fuerzas Armadas (SIFA) según orden general Nº 15 del 30 de agosto de 1957 y firmada por el Ministro de la Defensa General de Brigada (Ej.) Oscar Mazzei Carta.

DIM:
En el año de 1974, nace la División de Inteligencia Militar (DIM), de conformidad al plan de reorganización del Ministerio de Defensa, puesto en vigencia el día 20 de junio de 1973, según resolución Nº DG-190.
Tres años más tarde 1977 y conforme a lo establecido en el Reglamento Orgánico del Ministerio de la Defensa, puesto en vigencia por decreto ejecutivo Nº 2078 del día 22 de marzo de 1977 y resolución Nº DG-2662 de fecha 26 de mayo de 1977, la Organización se eleva a la categoría de Dirección General Sectorial de Inteligencia Militar (DESIM).


Actualmente se encuentra en reestructuración, en la cual se modifican las siglas DGSIM por DGIM, que significan Dirección General de Inteligencia Militar, evolucionando hacia un nuevo y moderno Centro de Procesamiento de Inteligencia, adecuado a los nuevos retos en cuanto a tecnología y generar información de Inteligencia, permaneciendo bajo la dirección del General de Brigada Ejercito Hugo Carvajal Barrios.

C.P.T.J:
El 20 de febrero de 1958 se promulgó el Decreto Nº 48, estableciéndose la base legal de la nueva Policía, bajo el nombre de “Cuerpo Técnico de Policía Judicial”, constituyéndose en auxiliar del Poder Judicial, dependiendo del Ministerio de Justicia.
Tuvo un inicio difícil por la falta de un director que quisiera asumir las riendas, debido a la fama dejada por la Seguridad Nacional y sin local para establecer la sede. Acepta el reto el Abogado Rodolfo Plaza Márquez.

La primera escuela policial se funda en Caracas el 06 de agosto de 1958, se crea el carácter técnico y Científico en el año 1960-1978, debido a que en estos años el país enfrenta un choque guerrillero, y es cuando el Cuerpo Técnico de Policía Judicial, pone en practica el avance obtenido en parte investigativa, en el esclarecimiento de casos como intentos de magnicidios, Robos de cuadros famosos prestados a Venezuela por una embajada.

En el año de 1980, el avance delictivo se fue acentuando, cada vez más, entonces el Cuerpo Técnico de Policía Judicial debe asumir como cuerpo de Investigación criminal, ya que la complejidad de los casos lo ameritaba, como el de una conocida modelo en el Cerro Ávila, el de una Abogada y el de unos Niños.
El 15 de mayo del 2003 por resolución del Ministerio de Interior y Justicia, pasa a denominarse Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalisticas.

PM:
Policía metropolitana, creada bajo la iniciativa del Sistema Educativo de la Institución Policial, que se inicia el 10 de mayo de 1938, con la creación de la Escuela Municipal Montada.

En 1958 cambia su denominación a Centro de Instrucción Policial, según Gaceta Municipal Nº 11.740, de fecha 08 de noviembre del mismo año.


En enero de 1981 según Decreto Presidencial Nº 1232, eleva su característica a Instituto Universitario de la Policía Metropolitana, ofreciendo la carrera de Técnico Superior Policial y en el año de 1987 según resolución Nº 184 del Ministerio de Educación, es autorizado para impartir la carrera de Licenciado en Tecnología Policial en las menciones de Administración Policial y Sistemas de Seguridad.


Seguridad Nacional:
Policía creada con la idea fundamental de poner orden publico y lograr el esclarecimiento de hechos de sangre así como otros delitos de gran relevancia, al menos esa era la excusa dada por sus fundadores en el organismo del Ministerio de Relaciones Interiores del gobierno de Marcos Pérez Jiménez. Es bueno destacar que para los cronólogos de los últimos tiempos como Jorge Olavaria, este periodo de gobierno representaba el fin de la tercera república, o una fase intermedia entre la tercera y la cuarta república, ya que la duración de estas es sacada acorde a los cambios fundamentales de las constituciones radicales de nuestro país, para ellos la cuarta república nace con la ejecución de la constitución de 1961 y no antes, sin embargo es bueno destacar que la Seguridad Nacional sirvió de patrón de los organismos policiales y de inteligencia creados por la cuarta república, usando sus métodos de represión y hasta haciéndolos más intensos y secretos.

La Seguridad Nacional fue el órgano de represión mas famoso de mediados de siglo XX en Venezuela, estaba dirigida por Pedro Estrada, personaje tristemente celebre, quien se fue al exilio a la ciudad de París, Francia, luego de la caída de su comandante al cual estaba plenamente subordinado. Es curioso destacar que Pedro Estrada luego de cinco años de estadía en Paris, fue nombrado asesor de la policía secreta de Francia y posteriormente fue elevado a Jefe de los cuerpos policiales de la ciudad de París.



CÁRCELES IMPORTANTES QUE HA TENIDO VENEZUELA EN LA HISTORIA (Recintos de violaciones a los DDHH en Venezuela):

La Rotunda:

En la Esquina que antecede a la tristemente célebre Esquina de la Cárcel, conocida popularmente por “La Rotunda”, estuvo situado el hospital anexo al convento de los Padres Neristas, a dos cuadras más arriba. Sitio de dolor fue el hospital, con sus tiempos de la Capitanía General. Dio nombre a la “Esquina de Hospital”.

En la cárcel, propiamente dicho, existió desde los tiempos coloniales una prisión que se conoció con el nombre de “Rotunda Vieja” para diferenciarla de la “Rotunda Nueva” que le había sido anexada. Esta nueva rotunda había sido construida por Guzmán Blanco.

Cuentan que durante los tiempos guzmancistas, Las Rotundas, Nueva y Vieja, estuvieron repletas de presos políticos. Todos los que se opusieron a la dictadura fueron encerrados en sus tétricos calabozos. El sitio tenía una construcción en forma de rotonda, ahí su nombre.

En el año 1988 fue encerrado en La Rotunda, y muy bien tenido, el General Joaquín Crespo, quien se había alzado contra el gobierno de Rojas Paúl. Pero cuando La Rotunda comenzó a tomar aspecto de tragedia, fue con los gobiernos de Castro y Gómez, especialmente durante los 27 años de la dictadura gómecista, el nombre de la vieja cárcel era citado en voz baja como una blasfemia. Para entonces sus calabozos estaban repletos de millares de presos “desafectos al régimen”, que dormían hacinados unos encima de otros y eran torturados a diario, encerrados en calabozos hasta morir de hambre y de sed y apaleados hasta la muerte. Allí se hicieron célebres, de una trágica celebridad, el Coronel Porras que mandaba a los presos a golpes de mandarria y el siniestro Cabo de Presos Nereo Pacheco, quien después que terminaba de torturar a un preso, se armaba de un cuatro y entonaba canciones a la luz de la luna.

En La Rotunda murieron, por orden del déspota Juan Vicente Gómez, millares de hombres, por el delito de amar la libertad de su país. Entre ellos recordamos los nombres del Doctor Ángel Carnevali Montreal, ex Gobernador del Distrito Federal, el General Pablo Guisepi Monagas, Eliseito López, el poeta Leopoldo Torres Abandero, Pedro Manuel Ruiz, el Padre Mendoza y sufrieron muerte lenta, envenenados, el Presbítero Franquiz y el Padre Monteverde.

En La Rotunda murió “El Guerrillero del Ávila”, General Antonio Ramos. Hubo venezolanos firmes en sus ideas de libertad que permanecieron muchos años en La Rotunda, entre ellos el Doctor Rafael Arévalo González, quien llegó a contar diez detenciones con 20 años de prisión; el Coronel Rafael Vargas, el Coronel Román Delgado Chalbaud, quien permaneció 18 años; el General Zoilo Vidal con 16 años y muriendo loco; Jobito Pimentel, Avelino Martínez, Leoncio Martínez, José Rafael Pocaterra, el gran escritor, Doctor Carlos León, el General Uzcátegui, abrumado por los años y por 70 libras de grillos en los pies. Miguel Rocha, Enrique Chaumer, J. J. Abreu, Santiago Siso, Pedro Manuel Juliac, Víctor Juliac, Rómulo Acuña y el poeta Andrés Eloy Blanco estuvo encerrado en el “Calabozo del olvido” padeciendo hambre y sed por muchos días. También estuvo el líder de la Federación de Estudiantes, Jóvito Villalba.

En las cárceles de Gómez se entraba, pero no se salía. No se conoció jamás de ningún preso que hubiese escapado de la terrible mazmorra caraqueña, custodiada por hombres armados que hacían vigilancia constante desde las mirillas que coronaban el edificio por sus partes norte y sur. La historia de La Rotunda es algo para ser contado en muchas páginas. Es la historia de los hombres que amaron la independencia y la libertad de su país y murieron por ella. Bajo sus bóvedas estuvieron torturados los jóvenes estudiantes del año 28, antes de ser enviados a Palenque y Puerto Cabello.

Refieren que el único preso que logró escapar de La Rotunda fue Samuel Darío Maldonado, cuando se inició la confusión producida por el terremoto de 1900. De resto, los que habían entrado vivos, sólo salían muertos o eran trasladados a otro penal más fuerte aún.

En el año 27, cuando Gómez dio libertad a los presos, La Rotunda fue habilitada para depósito del Ministerio del Trabajo y el público tuvo acceso a ella. Entonces, y durante una visita, pudimos leer lo siguiente en uno de sus calabozos: “aquí murieron Ramón Figueroa, Felipe Gil, Francisco Brices, Pablo Báez, Gregorio Barreto, Coronel Tomás Pérez, Alcántara y muchos más”. En otra expiró el padre Mendoza. Más allá, se volvió loco el General Zoilo Vidal. En sus paredes, un quinteto:
“NO guardo rencor insano
al imbécil agresivo,
innoble y sucio tirano,
pero no beso la mano
“que no detiene cautivo”.


Más allá un letrero: “aquí murió de hambre, sometido a horribles torturas, el Capitán Mendoza”. En una celda que parecía una tumba, con letras negras estaba escrito: “General Nieves, muerto de hambre y de sufrimientos por la voluntad de un déspota”.
Después de liquidada la dictadura gómecista, La Rotunda fue echada abajo y se formó en su sitio la Plaza de la Concordia que es un remanso de paz. Por las tardes, cuando las hojas comienzan a amarillear y caen arrastradas por la brisa, la Plaza de la Concordia semeja un paisaje londinense, con sus farolas iluminadas, sus jardines reverdecidos y sus bancos repletos de jóvenes y parejas que conversan y de niños que corretean envueltos en la niebla de atardecer caraqueño. El pueblo de Caracas ama y venera este sitio. Es corriente mirar de tarde en tarde a algún pariente de las víctimas sacrificadas en La Rotunda, discurrir con sus pensamientos en medio de la paz ambiental. Numerosos actos culturales se han celebrado en la Plaza de la Concordia en homenaje a las víctimas de la dictadura.

La Esquina se llamó en los tiempos de la Colonia, “La Cárcel”. Luego el pueblo la bautizó “La Rotunda ” y hoy se llama “La Plaza de la Concordia”.


Centro Penitenciario de Oriente:

Está ubicado a pocos kilómetros de Maturín, siempre ha tenido un hacinamiento extraordinario, con una capacidad para solo 700 reos, por ejemplo hasta 1979 existían 1190 procesados, los condenados no llegaban al 20%.


Centro penitenciario de Valencia (Cárcel de Tocuyito):

Es penitenciaria e internado judicial, cárcel para procesados, tiene anexo de mujeres y centro de observación psiquiatrita, funciona el centro de Investigación Penales y Criminalisticas de la Universidad de Carabobo. Capacidad para 800 hombres y recluye 1900. Es evidente el hacinamiento, la suma de procesados dobla la de penados en 1600 por 600.

Cárcel de Trujillo:

Ya este penal, pasa a ser cárcel nacional solo de nombre, en la practica se utiliza como internado judicial hay muchos procesados que esperan sentencia que penados que cumplen condena, 291 procesados y 44 penados.

Retén de Catia:

Construido en 1966, el Retén de Catia fue concebido como centro de reclusión transitorio que albergaría a un máximo de 750 reclusos, pero para el momento previo a su demolición albergaba cerca de 1.800.

La preocupación que precedió a la demolición del Retén de Catia se materializó ocho meses después. Tal como lo afirmó el criminólogo Elio Gómez Grillo: “El problema no eran las paredes, la estructura del Retén de Catia, sino su funcionamiento, como es el que existe en todos los penales del país”. Funcionamiento perverso que continúa reproduciéndose en los nuevos centros.

Demolición del Retén de Catia:

Cuando el 16.01.96 el Presidente de la República inauguró el Anexo del Internado Judicial Capital, llamado “Rodeo II” (800 cupos) y el Anexo del Centro Penitenciario Metropolitano, ahora conocido como “Yare II” (700 cupos), manifestó: “Aquí está nuestra respuesta a quienes dicen que no nos preocupamos por el problema penitenciario. 1997 será el año de las edificaciones penitenciarias y de los derechos humanos en Venezuela”.

Acondicionar estas dos cárceles implicó una inversión por el orden de los mil 700 millones de bolívares y a juicio del entonces Ministro de Justicia estas cárceles “… llenan todos los requisitos establecidos por las Naciones Unidas, por el llamado derecho penitenciario…”.
A los pocos días las bondades de los nuevos centros fueron puestas en entredicho. Cuatro días después de la inauguración, las inspecciones realizadas por Fiscales del Ministerio Público y representantes del Colegio de Ingenieros del Edo. Miranda arrojaron como diagnóstico que los centros no estaban aptos para albergar a los reclusos. La obras estaban inconclusas y ambos recintos carecían de locales para enfermería, actividades educativas y laborales. A pesar de estas advertencias, los traslados de reclusos hacia los nuevos centros comenzaron a principios de enero.

Finalmente, el 16.03.97 fue accionado el mecanismo de implosión que acabó con la estructura del Retén de Catia. Entre las discusiones que precedieron a su eliminación, fue preocupación común la posibilidad de que sólo fuera una medida efectista. “Según Ortega [miembro del Cofavic], si la demolición no se acompaña con medidas concretas, que ayuden a consolidar una cultura de DDHH en Venezuela, la situación de las cárceles no mejorará, sino que más bien se agravará: los problemas: ¿viajarán en autobús con los presos, o serán dinamitados con el edificio?”.

Sólo el recuerdo quedará…
“Es difícil penetrar en la mente de un condenado a muerte. Máxime cuando se trata de una estructura de concreto, sin alma y sentimientos, pero en el caso del retén de Catia se podía sentir, antes de su demolición, un silencio sepulcral que revelaba la presencia de los gritos y la desesperación que quedaron atrapados entre sus muros, como huellas de cientos de presos que envejecieron entre sus rejas.  Caso Reten de Catia:

El 27 de noviembre de 1992, el estado venezolano incurrió en graves violaciones a los derechos humanos durante los sucesos ocurridos dentro del Retén e Internado Judicial de Catia, donde murieron aproximadamente 63 reclusos en circunstancias no aclaradas. COFAVIC denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH), la violación a los derechos humanos de 41 de estas víctimas, en denuncia presentada el 12 de noviembre de 1996.

Violaciones al derecho a la vida; a la integridad nacional; a las garantías judiciales y a un recurso rápido y efectivo, son las faltas del Estado denunciadas por COFAVIC, el Centro por la Justicia Internacional (Cejil) y Human Rights Watch Americas, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en el caso conocido en el país como la masacre del Retén de Catia y presentado ante esta instancia como “Víctor Jesús Arangurez Montero y otros”.


Los hechos se iniciaron aproximadamente a las 5 de la mañana del 27 de noviembre de 1992, después del segundo intento de golpe militar acaecido en Venezuela y se sucedieron durante las siguientes 48 horas.

Según información recopilada por COFAVIC, poco después de escuchar por radio del intento de golpe militar, los guardias abrieron las puertas del recinto carcelario y anunciaron que la población penal estaba en libertad. La confusión se adueñó del recinto penitenciario. La mayoría afirmó que se recluyó en sus celdas, para resguardar su vida.

La situación se manejó con la intervención masiva de la Guardia Nacional y la Policía Metropolitana, produciéndose una serie de disparos indiscriminados en contra de la población reclusa, utilizándose armas de fuego y gases lacrimógenos. En estas circunstancias fueron asesinados aproximadamente 63 reclusos, cuyas muertes aún no han sido aclaradas suficientemente por las autoridades nacionales.

La Guardia Nacional incursionó en el Retén alrededor de la una de la tarde del 27 de noviembre. Hasta la fecha no se ha conocido con exactitud el número exacto de internos que se encontraban en la prisión, toda vez que para la época de los hechos, la misma no poseía un registro actualizado de los privados de libertad.

No se conoció de intentos de agotar las posibilidades de negociación con los reclusos ni la reducción de la situación a través de la implementación de medidas proporcionales y graduales con los hechos que se desataron. Los fiscales del Ministerio Público accedieron al Retén el día 28 de noviembre de 1992 y no se les permitió el ingreso al penal hasta el día siguiente. A partir del 29 de noviembre de 1992, centenares de reclusos fueron trasladados a otras prisiones del país.

En relación a estos hechos se abrieron investigaciones judiciales tanto en la jurisdicción ordinaria como en la militar. Las investigaciones se encuentran en la fase preparatoria del proceso penal aún cuando han transcurrido 10 años desde que ocurrieron los hechos.

COFAVIC denunció ante la OEA la violación del derecho a la vida y a las garantías judiciales, en el caso de 41 reclusos asesinados en la masacre del Retén de Catia donde se evidenció la participación de organismos de seguridad del Estado venezolano. Entre estos casos se encuentra el denominado “uso indebido de la fuerza” ya que se trata de asesinatos cometidos por agentes del Estado en el ejercicio de la función de mantener el orden en el interior del recinto carcelario.

El 1 de octubre de 1999 se realizó una audiencia ante la Comisión Interamericana donde se firmó un preacuerdo de solución amistosa con el Gobierno. Este acuerdo fue ampliado y ratificado el 3 de marzo de 2000. El acuerdo incluyó: el reconocimiento por parte del Estado de Venezuela de que ha incumplido en perjuicio de las víctimas los artículos 1(1), 2, 4, 5, 8 y 25 de la Convención Americana y la obligación del Estado de realizar investigaciones judiciales y administrativas serias y eficaces. Estas investigaciones debían incluir, entre otros aspectos, los siguientes: el conocimiento del expediente judicial exclusivamente por la jurisdicción ordinaria en un plazo no mayor de 30 días a partir de la firma del acuerdo (este punto fue cumplido) y el acceso de los peticionarios al expediente en un plazo no mayor de treinta días a partir de la fecha del acuerdo (este punto fue cumplido). Además incluyó: la obligación del Estado de determinar la responsabilidad penal y administrativa, así como la sanción a los responsables, en un plazo no superior a un año; la modificación del Código de Justicia Militar; la reparación a las víctimas; la presentación de un proyecto de ley que contemplara la creación y puesta en funcionamiento de una policía penitenciaria; la creación de un órgano con facultades de verificación e investigación de quejas que, sobre violaciones a derechos humanos, presentarán los ciudadanos y ciudadanas privados de libertad; el desarrollo de un programa en el que se separarán a los condenados de los procesados, las mujeres de los hombres, así como el traslado de todos los presos menores de edad a centros juveniles seguros y a garantizar el acceso normal de representantes de Organizaciones No Gubernamentales de Derechos Humanos a los Centros de Detención.

Desde el 12 de agosto de 1994 (cuando el juzgado Vigésimo Noveno de Primera Instancia en lo penal del área metropolitana de Caracas, decidió dejar la investigación abierta, acordándose que se encontró probada la comisión de un hecho punible pero no existen indicios para establecer quien es el autor del mismo) hasta el mes de mayo de 2002, es decir, durante más de 8 años, ningún órgano de investigación del Estado venezolano realizó actividad alguna en el expediente del caso “Retén de Catia”. No hubo más diligencias o averiguaciones que contribuyeran a evitar que dicho caso permaneciera en la más absoluta impunidad, a pesar de que el mismo ya se ha sometido a la Comisión Interamericana y se había firmado un acuerdo amistoso con los familiares de las víctimas. Además, hasta finales del año 1999, el expediente se encontraba en etapa sumarial, era secreto para los familiares de las víctimas y los peticionarios.

El 12 de noviembre de 2001 se realizó una reunión de trabajo en el período de sesiones de la Comisión Interamericana en que los peticionarios a causa del incumplimiento del Estado se retiraron del proceso de solución amistosa, pidiendo a la Comisión que emita un informe de fondo.


Cárcel de Sabaneta:

Ubicada en las entrañas de Sabaneta de Maracaibo, una de las cárceles mas emblemáticas de la impunidad de la cuarta Republica, donde han tenido lugar diversos eventos de violatoria contra los Derechos Humanos.

Caso Sabaneta:

La impunidad denunciada en este caso, resulta una práctica ilustrativa de las gravísimas violaciones de derechos humanos que ocurren en las cárceles venezolanas: en enero de 1994, una masacre en la prisión de Sabaneta en Maracaibo, dejó un saldo de más de un centenar de reclusos muertos.


Centro de Reeducación y Trabajo Artesanal El Paraíso:

En octubre de 1996 en el Centro de Reeducación y Trabajo Artesanal El Paraíso, murieron 25 reclusos calcinados en un pabellón de esta cárcel.

El Dorado:

En agosto de 1997, 29 reclusos resultaron asesinados en el interior del Internado Judicial El Dorado.

Es relevante indicar que estas investigaciones se mantienen en la más absoluta impunidad, estando bajo reserva sin haberse castigado a ninguno de los responsables, lo que evidencia que son varias las oportunidades en las que el estado venezolano ha podido demostrar su sensibilidad y su voluntad efectiva para cumplir sus compromisos internacionales determinando las responsabilidades y ofreciendo a las víctimas las medidas de reparación que los hechos ameritan.

Cuartel San Carlos:


El Cuartel San Carlos fue construido en 1790 sobre la planicie de La Trinidad, al norte de la ciudad de Caracas, en lo que constituye actualmente el Foro Libertador, parroquia Altagracia. Hoy, con más de 200 años de vida, espera consolidarse como un importante escenario para las ideas, las expresiones, la cultura, el diálogo y la preservación de la memoria. Desde su construcción ha sido un notable ejemplo de ingeniería militar, con valor arquitectónico único en nuestra ciudad capital. De origen colonial, a través de su historia ha sido objeto de innumerables transformaciones y reconstrucciones, provocadas tanto por los fenómenos naturales como por la acción del hombre, que lo ha adaptado a los diversos usos que el devenir de la historia ha propiciado.


Este cuartel fue la primera celda del Presidente Hugo Rafael Chávez, luego de los sucesos del 4F, de donde luego seria sacado para evitar la proximidad con militares de este museo. Sin saber que era Yare la cuna que encubaría lo que hoy estamos viviendo en vías al Socialismo y a la Justicia Social.


Durante el paso del tiempo el Cuartel San Carlos fue usado como prisión política desde la época caudillista hasta la aprensión de Chávez.


Cárcel de Yare o Centro Penitenciario Metropolitano:

Esta cárcel fue construida en la población de San Francisco de Yare, la misma posee instalaciones precarias desde su inauguración durante el gobierno de Luís Herrera Campins, una de las tantas inauguraciones de las instalaciones.

Esta dividida en dos anexos Yare I y Yare II, este ultimo fue construido durante el segundo periodo de Rafael Caldera, y ha sido escenario de numerosos abusos a los Derechos Humanos así como a Motines bárbaros por parte de sus reclusos.

yare II nace para albergar a mas de 700 reclusos provenientes del Reten de Catia, luego de su demolición, con instalaciones que no estaban adecuadas para su población, sin cubículos de enfermería ni adecuados baños, además de no contar con las dimensiones necesarias para albergar a tantas personas.


DESAPARICIONES FORZOSAS EN VENEZUELA:

Como antecedentes a las distintas desapariciones en Venezuela, tenemos que son producto de las luchas ideológicas provenientes de las corrientes políticas imperantes en la sociedad mundial. Venezuela no escapa a esta influencia, y sectores del país practican el pensamiento político e ideológico del marxismo, que era la repartición equitativa de las riquezas de los bienes. Estos grupos políticos y sociales del país, fueron perseguidos por los distintos cuerpos de seguridad del gobierno de turno, llegando a su máxima expresión desapareciendo forzosamente a dirigentes políticos que hacían oposición al sistema seudo-democrático implementado por los gobiernos de turno.


AJUSTICIAMIENTO DE LÍDERES EN VENEZUELA (ALBERTO LOVERA, JORGE RODRÍGUEZ, MACARIO VIZCAYA):

Alberto lovera:

El 18 de octubre de 1965 a eso de las 18:00 horas es detenido cerca de la Plaza de las Tres Gracias el camarada Alberto Lovera, dirigente del Partido Comunista de Venezuela, quien circulaba en su automóvil, un “Mercedes-Benz” color azul cuando fue interceptado por una comisión de la DIGEPOL encabezada por el “capitán” Carlos Vegas Delgado. Era Ministro de Relaciones Interiores el doctor Gonzalo Barrios.

Alberto fue de inmediato trasladado a la sede de la DIGEPOL en el Edificio “Las Brisas” donde comenzó a ser torturado. El director de esa policía política era J. J. Patiño González. El auto de Alberto fue visto aparcado en el estacionamiento (sótano) del cuerpo represivo por otros detenidos, y comenzó entonces el calvario para el preso, sometido a crueles tormentos por “los muchachos de Carlos Andrés”, entre quienes se mencionó entonces a Roberto Romero, Miguel Aguilar, Pedro Cisneros, Alberto Ochoa, José Ramón Antúnez, Carlos Ferrara, Douglas Rodríguez, Eduardo Armenteros González Y Mario Segundo Leal.

El 23 de octubre a tempranas horas de la noche Alberto es llevado al Retén “Planchart” en Puente Mohedano y allí continúan torturándolo hasta que sus captores deciden trasladarlo al Campo Antiguerrillero de “Cachipo” en el Estado Monagas, donde fue rechazado su ingreso debido al estado físico en que se hallaba por los maltratos recibidos.

La otra parte de la tragedia fue para la esposa de Lovera, María del Mar Álvarez, quien comenzó el vía-crucis acostumbrado en esos tiempos para saber el paradero de cualquier preso político sin obtener respuestas concretas sino evasivas o simples negativas pues la complicidad de los representantes del gobierno era total.

La inmoralidad de adecos y copeyanos era tanta que llegaron a esparcir la especie de que Lovera se había “ablandado” en su línea política y por ello había sido ejecutado por sus propios compañeros de línea “dura” (recordemos el documento “Operación Loto contra Macuare” que fue ‘descubierto’ en uno de los allanamientos practicados por los mismos asesinos de la DIGEPOL en la casa de Gustavo Machado en septiembre de 1963), infundió convertido en información oficial por parte del Jefe de la DIGEPOL, j. J. Patiño González, quien para ello se valió de un ex-militante del PCV, el delator Helímenas Chirinos, y de otro policía de su misma calaña, Ramón Ovidio Ataide Olvera.

Esa inmoralidad, sin embargo, no era exclusiva ni propiedad intelectual de los adecos y sus socios copeyanos. Era parte de las enseñanzas impartidas por la C. I. A. (Central Intelligence Agency o Agencia Central de Inteligencia estadounidense), muy bien aprendidas por Carlos Andrés Pérez cuando fue amanuense de Betancourt en la Cuba de Batista, toda vez que en esa oportunidad el organismo terrorista del gobierno de los Estados Unidos le impartió el curso de “protección a individualidades” bajo tutoría del policía batistiano y agente de la C. I. A., Orlando García Vásquez, a quien luego veríamos como Jefe de Investigaciones de la DIGEPOL y socio de la empresa de armas “Margold”, esa misma que “nunca le había vendido ni una navajita” Carlos Andrés Pérez a sus colegas de las FAN, hoy flamantes dirigentes del Frente Ibáñez-Matos.

Cuando el gobierno de los Estados Unidos necesita fabricar una “noticia” recurre a sus agentes CIA distribuidos por todo el mundo. La Estación CIA en Caracas puede, por ejemplo, cablegrafiar a la Estación Santiago de Chile una información específica que allá es manejada por sus enlaces con la prensa y convertida en noticia o editorial de cualquier diario. En este caso la “noticia”, sin identificación de fuentes (“propaganda negra” en las Operaciones CIA-Medios de Difusión) apareció en el diario chileno “El Mercurio” y asentaba lo que el gobierno de Venezuela, entonces fiel aliado del Departamento de Estado, quería y necesitaba que dijera: que el camarada Lovera había sido asesinado por sus propios compañeros de militancia por disensiones internas respecto a la lucha armada.

Y mientras aquí, en el diario “El Nacional”, el dirigente adeco Carlos Canache Mata, quien por la responsabilidad que tenía en el partido y en el gobierno era difícil que ignorara lo que con Lovera ocurría, escribía ristras de sandeces mal intencionadas tratando de negar la responsabilidad de su gobierno, su partido y su policía política en las torturas que sufría el desaparecido, sembrando dudas respecto a la presunta huida de Alberto, su incorporación a la guerrilla y la posible muerte a manos de los mismos comilitantes del camarada preso por disensiones internas, desarrollando el esquema que sus jefes le habían ordenado.

La verdad surgió del mar en una playa de Lechería, Estado Anzoátegui, donde un grupo de criminales con chapas policiales y apoyo institucional había lanzado el cuerpo sin vida después de haberlo sometido a insoportables tormentos. La exhumación indicó que las yemas de sus dedos habían sido rebanadas, tenía vértebras cervicales desprendidas y para que se hundiera le ataron una cadena con un pico de los usados en construcción.

Hoy, a treinta y nueve años de cometido ese horrendo crimen de la “democracia” tal como la entienden los adecos y copeyanos de vieja y nueva (de)generación, rendimos homenaje, en nombre de Alberto (a quien rememoramos como “el camarada Pipote” allá en la primera sede el PCV en Caracas, creo que entre las equinas de Llaguno y Bolero) a todas las víctimas de la represión impuesta por los gobiernos adeco-copeyanos para acallar las voces de protesta de un pueblo que nunca dejó de manifestarse contra la violencia del hambre, del desempleo, de la inequidad.

Esos males aún perviven y seguirán golpeándonos por bastante tiempo, pues ese ochenta por ciento de pobreza que fue asentado sobre la superficie de nuestro pobre país rico no será posible borrarlo a corto plazo, tomando en cuenta que no solo se trata de miseria física. También es un gigantesco problema cultural en el cual juegan papel importante los vicios de paternalismo, irresponsabilidad e indiferencia social (esa indiferencia de ayer que hoy lamentablemente brota como fascismo entre quienes consideran “derroche” invertir en cancelar una inmensa deuda social contraída para que ellos vacacionaran en Miami), anti-valores inculcados a varias generaciones de venezolanos en un proceso de fragmentación del movimiento popular y atomización de la memoria colectiva.

Es duro el camino de reconquistar espacios perdidos, reestructurar nuestra moral ciudadana duramente golpeada y construir una colectividad solidaria y justa, estructurando una economía que privilegie a la satisfacción de las necesidades colectivas.

Fabricio Ojeda:

Cuando se encontraban en una casa en el Litoral para cumplir esta misión que una delación condujo a los esbirros policiales a su detención el 19 de junio de 1966.

Fabricio Ojeda fue conducido a los calabozos del Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (SIFA), situados en el llamado “Palacio Blanco”, frente al Palacio de Miraflores.
De acuerdo con quienes fueron testigos de su detención y traslado, Anajantzi Jiménez Arraiz Fabrés y Matute Bravo no había ninguna señal de abatimiento ni depresión. Ningún ambiente de pesimismo ni frustración. Fabricio asumió su detención con serenidad, como un incidente previsto y natural para el que se preparan física y mentalmente los militantes revolucionarios.


La noticia de la muerte de Fabricio Ojeda en un calabozo del Sifa, presentado, en un comunicado del Ministro de la Defensa, General Ramón Florencio Gómez como un suicidio, llegó a la Comisión de Política Interior de la Cámara de Diputado, cuando estaba reunida e inmediatamente José Vicente Rangel, hoy Vicepresidente Ejecutivo de la República y entonces diputado, y exigió se llevara a cabo una profunda investigación, lo que obligó a designa una subcomisión que se trasladó a las dependencias militar.

Según el testimonio de José Vicente Rangel, al acceder a la celda, situada en el cuarto piso, pudieron observar el cadáver de Fabricio Ojeda, tendido casi al nivel del piso con una cuerda de las usadas para persianas al cuello. Rangel exigió que el cadáver fuera desnudado a lo que se opuso el entonces Fiscal General José Antonio Lozada. Rangel anunció que denunciaría públicamente como encubridor al representante del Ministerio Público. Ante su enérgica actitud se procedió a quitarle la ropa al cadáver, el cual presentó moretones en los brazos y tórax, pruebas evidentes del empleo de la violencia y hasta de torturas físicas.
Era evidente que se había montado una operación para asesinar a Fabricio y presentarlo como un suicidio. Había ocurrido así con otros militantes revolucionarios caídos en prisión.


Jorge Rodríguez:

El 25 de julio de 1976 muere Jorge Rodríguez, secretario general de la Liga Socialista. 23 años antes que el Pueblo Bolivariano, eligiera a sus Diputados Constituyentes en el marco de la Revolución Bolivariana, Jorge Rodríguez muere asesinado en los sótanos de la DISIP. Aun sus asesinos siguen libres y la denominada Justicia burguesa ha resultado ineficiente para castigar tanto a posculpables materiales como intelectuales de este aberrante hecho.


En el Libro escrito a varias manos “Historia de un Proyecto Revolucionario”, editado por la Liga Socialista, en 1996 se presenta el móvil de lo que seria el secuestro y la posterior tortura de Jorge Rodríguez.


Fue sometido a bárbaras torturas para que reconociera su participación y la de la Liga Socialista en el secuestro del industrial Norteamericano William Frank Niehaus. Su conducta indoblegable frente al enemigo, salvo a la Liga Socialista y a sus cuadros de una ofensiva represiva. Jorge Rodríguez prefirió morir antes que delatar y acusar a sus compañeros de algo con que no tenían relación.


Hay razones más profundas para su asesinato. Ellas tienen que ver con la calidad de dirigente Revolucionario que era Jorge Rodríguez: un dirigente joven (apenas con 34 años tenia cuando fue asesinado), combativo, incansable trabajador, con métodos democráticos de dirección, entre otros valores de Revolucionario.


Durante 1975 y 1976, en la Liga Socialista se comenzó a ver un crecimiento y la expansión a escala Nacional. La Liga Socialista comenzó a realizar concentraciones públicas importantes (como la marcha antiimperialista que cruzo el país de oriente a occidente y de norte a sur y culmino con una gran concentración popular en Cabimas), a ganar elecciones sindicales, elecciones en centros de estudiantes entre otros.


“El Socialismo se conquista peleando”.

Fue el grito de combate que durante los años setenta levantara Jorge Rodríguez y la Liga Socialista. Grito que sintetiza muchos de los postulados de la actual Revolución Bolivariana, cuando señalamos que solo el Pueblo libera al Pueblo en combate diario por una Patria justa digna y equitativa.


El recuerdo de Jorge Rodríguez constituye un ejemplo para las nuevas generaciones de Revolucionarios que hoy impulsa el sueño colectivo de otra Venezuela posible.


Macario Vizcaya:

Bastante difícil, conseguir información de este hombre valuarte de las luchas obreras, pero que sin embargo en algunos de nuestros pobladores quedo el recuerdo del Bruzualense honrado y trabajador que andaba errante impartiendo sus conocimientos de Izquierda Revolucionaria y luchador por las reivindicaciones de los obreros. Nacido en Chivacoa en el distrito Bruzual, de Yaracuy, milito en el Partido Comunista de Venezuela (PCV), donde participo en numerosas asambleas de ciudadanos y trabajadores y se hizo eco en la región centroccidental, fue sindicalista del Central Rió Turbio en el estado Lara, lo agarraron vía Maracay, miembros de un órgano represivo del Estado denominado por sus siglas como “SIFA” (Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas), quienes según fuentes extraoficiales citan, lo trasladaron al teatro de operaciones numero 5 ó T.O.5 en Yumare Distrito Bolívar para entonces, como era bastante conocido para la época, de allí lo desaparecen para el mes de noviembre de 1967, bajo el gobierno de Raúl Leoni. Otras fuentes nos cuentan que durante el gobierno de Pérez Jiménez Macario había sido secuestrado también por las fuerzas de seguridad de ese gobierno y que luego de un tiempo había logrado salir para fortalecer su lucha por el socialismo y la democracia.


MUERTE DE LOS CAMPESINOS DEL AMPARO Y YUMARE:

La Masacre de El Amparo:

En octubre de 1988 en el pequeño pueblo de El Amparo, estado Apure, se produce una masacre en la que mueren 15 pescadores. La operación es ejecutada por miembros del Comando Específico José Antonio Páez, integrado por fuerzas militares y elementos civiles de los organismos de seguridad del Estado que vigilan la región, ya bajo el asedio de las guerrillas colombianas.

El Comando Específico justifica su acción calificando al grupo de pescadores como guerrilleros que probablemente preparaban una acción.

Sin embargo, las ropas que visten, la ausencia de armas y el testimonio de dos sobrevivientes, hacen que la opinión pública se sienta burlada tanto por los jefes de la operación como por el propio presidente Lusinchi que ha avalado públicamente esta versión de los hechos. El suceso produce un escándalo de gran resonancia y un largo proceso judicial, finalmente elevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, la que sentencia a favor de los familiares de los fallecidos y obliga al gobierno nacional a pagar una indemnización monetaria destinada a resarcir los daños materiales sufridos.




Masacre de Yumare:


El 8 de mayo de 1986, fueron asesinadas por un comando de la Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) nueve personas, en la zona de la Vaca, cercano a la población de Yumare, del distrito Bolívar del estado Yaracuy. Las autoridades policiales indicaron que se trató de un enfrentamiento armado de un grupo de la DISIP con un grupo de Guerrilleros que los sorprendieron en una emboscada, con el resultado de nueve Guerrilleros muertos y un efectivo herido (Henry López Sisco).


Sin embargo según testigos afirman que esas personas fueron detenidas, torturadas y posteriormente ejecutadas; les colocaron ropas militares encima de sus ropas de civil, indicaron que los mismos eran luchadores sociales y defensores del pensamiento Bolivariano.


Ya hace 20 años de tan abominable hecho, a las cinco de una madrugada fría y lluviosa en una montaña que fue testigo de los destellos de las granadas y de las ráfagas artificiales.


Los diarios nacionales y el Yaracuy al día del día 9, relataban una asombrosa historia sobre una emboscada perpetrada por un grupo de irregulares a una comisión de la Disip bajo el mando del comisario de la Disip Henry López Sisco quien fue herido supuestamente por los irregulares, se dijo que había recibido un disparo en la región intercostal por un FAL 30, que le destrozo las costillas, el brazo y el pulmón.


Los diarios estaban abarrotados de opiniones oficiales, donde el Ministro de Interior para el momento, Octavio Lepage contaba lo bárbaros que habían sido los irregulares.


El Gobernador del Estado para entonces Guevara Iglesias comentaba que esto no quería decir que la Guerrilla iba a recrudecer en la zona, ya que se trataba de solo un grupo de irregulares que tradicionalmente estaba en la zona.


En contraposición, a las declaraciones oficiales, el diputado al Congreso de la República por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, Héctor Pérez Marcano en una entrevista, dijo que hubo alevosía y ventaja, pues los funcionarios andaban sin chaleco antibalas, ellos sabían que no era gente peligrosa, así mismo comento que el MIR exigiría una investigación a fondo por parte del Congreso Nacional porque el caso Yumare no puede quedar impune. También cito que el Gobernador mentía, pues resultaba ilógico que la Disip sufriera una emboscada ante la proporción de muertos y heridos.

Conociendo a los Asesinados:


Alfredo Castillo:
De nacionalidad Colombiana, fue miembro del Ejercito de Liberación Nacional (ELN), de Colombia.

Llego a Venezuela en el año de 1984, tenía varios libros inéditos de poesía y testimonio. Deja a dos hijos en Colombia, David Alejandro y Maria Catalina, mellizos de cinco años de edad.

Dilia Antonia Rojas:
Conocida como la Negra, era Venezolana, milito desde muy joven en el Movimiento Revolucionario. Fue miembro del grupo Punto Cero. Vivió en Cuba exiliada durante varios años hasta que cambios políticos le permitieron regresar a Venezuela, donde comienza a trabajar como buhonera para sostener a sus siete hijos.



Testimonio de sus familiares indican que su cadáver estaba destrozado por las torturas, e incluso le fueron cercenados los senos a machetazos.

Simón José Romero Madriz:
Era Venezolano, natural de Caracas, casado con Iris Mariela Gómez Marrero, deja un hijo de tres años, Samuel. Desde joven tuvo vocación por la música, dicto cursos de guitarra en el Centro Cultural Federación de jóvenes de Venezuela, formo parte de los grupos musicales Espiga, y Canción Libre.



Fue enterrado por su madre Isabel Madriz, en el cementerio de San Felipe. El cadáver estaba desfigurado por las torturas, le fueron cercenados los dedos de las manos a machetazos.

Rafael Ramón Quevedo Infante:
Conocido como el Gato, natural de Bocono, estado Trujillo. Soltero, Poeta y Activista Cultural, dejo un poemario publicado, “Entre la tierra y la piel” y otros inéditos. 

Fue enterrado en Bocono, su cadáver estaba deformado por las torturas. Su entierro se convirtió una manifestación multitudinaria en la que participo todo su pueblo.


Nelson Martín Castellano Díaz: Venezolano, casado con Gladis Cabrera, dejo a tres hijos: Lenín, Natalí y Nelson. Era el único sostén de su hogar.


Su cadáver, según testimonio de sus familiares tenía un ojo vaciado, machetazos en los brazos, el cuello quebrado, golpes y moretones en todo el cuerpo, los dedos fracturados, un tiro en el pulmón izquierdo y un tiro de gracia en la nuca.
José Rosendo Silva Medina: Venezolano, natural de Las Mercedes estado Guárico. Su cadáver presento perforaciones de bala y estaba terriblemente desfigurado por efecto de las torturas.


Luís Rafael Guzmán Green: Conocido como Roberto y Martín, dejo varios hijos. Su cadáver fue rescatado por una tía y trasladado a la región de Guayana donde fue enterrado. Presentaba numerosas heridas de bala y fractura abierta del cráneo.


Pedro Pablo Jiménez García: Venezolano, natural del estado Falcón. Casado con Maria Salguero, deja tres hijos; Marlenín, Pedro y Darío. Su cadáver fue enterrado en Maracaibo, tenía un testículo desprendido, perdida total de la dentadura, la nariz fracturada, una ráfaga en el tórax y un tiro de gracia en el cráneo.


Ronald José Morao Salgado: Venezolano, natural de Soro, estado Sucre. Fue enterrado en el Cementerio General del Sur en Caracas. Su cadáver, torturado presentaba igualmente dos tiros de gracia en la nuca.


Quedaron Sobrevivientes:


Según información suministrada por Edmundo Hernández, hijo Dilia Antonia Rojas, quedaron cuatro sobrevivientes de la tragedia vivida en 1986. actualmente solo viven tres de ellas, porque Ayacote, como lo reconocían, murió. Esas personas tienen aproximadamente cuarenta y cinco (45) años de edad. Explico que salvaron sus vidas porque en la madrugada se cambiaron de lugar. Escaparon por la quebrada y sobrevivieron gracias a las lluvias, ya que las personas que estaban en los helicópteros no los veían.


“Ayacote, como ya había pertenecido a las luchas armadas les dijo a los otros que no se entregaran, duraron días perdidos en la montaña. Todos se quedaron en el país y salieron de la montaña un mes después de los hechos”, afirmo Hernández.


Concluyo diciendo que no podía dar sus nombres ni informar aun en que estado del país se encuentran para resguardarlos. Se cree que esta sea la carta bajo la manga que dice tener José Vicente Rangel para desenmascarar a los autores intelectuales y los asesinos de este hecho.


Actualmente los abogados de los familiares de las victimas interpusieron una querella ante el Circuito Judicial Penal de Yaracuy y se reabierto el caso.




MASACRE DE CANTAURA:


Fue una operación militar contrainsurgente en Cantaura el 4 de octubre de 1982.
La aviación militar partió a Maracay con rumbo al oriente del País en el estado Anzoátegui, justo en la capital del Municipio José Maria Freites, los aviones bronco dejaron caer un racimo de bombas, con las cuales dispersarían a un grupo de estudiantes reunidos en la zona (militantes todos de la agrupación política Bandera Roja). Estas servirían además como señal para que un grupo comando de la DISIP rodeara la zona y descargara interminables ráfagas de metralla contra un grupo de jóvenes totalmente desarmado.


Algunos heridos por las bombas o los primeros disparos terminaron rematados, ajusticiados por una brutal casería auspiciada por el Estado en medio del esplendor del puntofijismo.


El saldo: veintitrés jóvenes caídos por la inclemencia represiva de un gobierno “Social Cristiano”


Operaciones Contrainsurgencia:


La actuación militar en Cantaura no surgió de forma espontánea, obedecía a un esquema represivo que los Estados Unidos distribuyo en todo el continente, como parte de su política exterior destinada a defender sus intereses dentro del continente. Este tipo de operaciones en especial, data de la época de los sesenta (60).


Mientras John Fitzgerald Kennedy (1960) al (1963) estuvo al frente del gobierno Estadounidense, las operaciones de contrainsurgencia dirigieron sus estrategias a minimizar los apoyos sociales que los guerrilleros despertaban en sus zonas de acción.


El Departamento de Estado durante la Presidencia de Ronald Reagan (1981-1989), asume otra concepción (y que todavía continúa siendo política del poder imperialista): al foco Guerrillero hay que exterminarlo, aun cuando se trate de manifestaciones embrionarias.


Para el momento en que se produce la cobarde masacre de Cantaura, la política Reagan, sobre el exterminio de los focos Guerrilleros había dejado en el olvido a la de JFK. Cantaura resulto el primer escenario donde se aplico la receta Reagan en Venezuela.


Banderas Extraviadas en el viento:


En Cantaura estaban reunidos estudiantes de la Universidad Central de Venezuela con algunos dirigentes de la vieja guardia del partido político Bandera Roja, que entrando en los ochentas seguían manteniendo que la lucha armada era la forma, el camino.


Victimas:


Roberto Antonio Rincón Cabrera, Emperatriz Guzmán Cordero, Carmen Rosa Rojas García, Sor Fanny Alonso Salazar, José Miguel Núñez, Mauricio Tejada, Enrique Márquez Velásquez, Carlos Jesús Hernández Arbola, Idemar Lorenzo Castillo, Luisa Estévez Arranz, Baudilio Herrera Veracierto, José Luís Becerra Navarro, Eumenedis Gutiérrez Rojas, Diego Alonzo Carrasquel, Luís José Gómez, Antonio Maria Echegarreta, Eusebio Ricardo Martel Daza, Rubén Alfredo Castro Batista, Nelson Antonio Pacín Callazo, Carlos Alberto Zambrano Mira, Beatriz del Carmen Jiménez, Julio Cesar Faria Mejía.


Esta valiosa investigación no la hubiésemos podido realizar, sin el sentimiento Revolucionario y las audaces averiguaciones del gran periodista José Vicente Rangel que con dos de sus libros forma parte de nuestras fuentes Bibliográficas.



CONCLUSIÓN


No queda más que el lamento de aquellos que lloraron por los caídos y la fuerza de cambio por los que aun lloramos a los héroes hasta estos días anónimos, que nos hará cambiar la Historia Venezolana.


Venezuela no escapo de las ráfagas letales del contra humanismo expedido desde las águilas del norte, regando sus garras feroces por los humildes y valientes pueblos de América Latina, tal y como neutralizaron a sus propio paisanos con una política Neoliberal, producto de la transformación del Colonialismo al Neocolonialismo y de este al Neoliberalismo.


En los sesenta Chile sintió la Muerte, configurada en la operación Cóndor, Argentina sufrió los debacles de las dictaduras impuestas por los Yankies. En los setenta Brasil y Dominicana fueron torturados y asesinados por la ingerencia de las políticas Tacher- Nixon y en los Ochentas los Centroamericanos Sandinistas y Martinistas fueron barridos por los Gobiernos títeres del Imperio. No obstante en Venezuela durante casi cinco décadas no todo era color de rosa, aquí la sangre baño las calles con los gobiernos pro yankies de la Cuarta República y nadie dijo nada, todo era en nombre de una ya muy ensuciada “Democracia”, no podía existir disidencia, había que ser servidumbre ciega y muda de los aristócratas lacayos del Imperio.


Lo mas vistoso no era solo lo que sucedía en el exterior, lo mas salvaje era el descaro con la cual los gobiernos de la Cuarta asesinaban y desaparecían a compatriotas a sangre Fría, enarbolando a esa fulana Democracia que parecía ya el escudo de los tiranos que nos oprimieron.


Nosotros los nuevos estudiantes de Estudios Jurídicos no debemos dar descanso hasta acabar con la desgraciada impunidad que nos persigue, debemos ser seguidores de aquellos valientes que como José Vicente Rangel han desenmascarado a los asesinos. Los caídos se levantaran cuando López Cisco, Carlos Andrés Pérez y el gran grupo de capos que enlutaron a miles de familias Venezolanas estén tras las rejas.


Los que mueren por la Vida no pueden llamarse muertos.
Ali Primera.


JIMMY QUERALES

BIBLIOGRAFÍA


– RANGEL, José V. (2004). Expediente Negro. Caracas – Venezuela…


– GALEANO, Eduardo. (1995). Las Venas Abiertas de la América Latina. Sexagésima cuarta edición. Tercer Mundo Editores. Bogotá – Colombia.


– BONILLA-M., Luís y EL TROUDI, Haiman. (2004). Historia de la Revolución Bolivariana. Pequeña crónica 1948 – 2004. Ministerio de Comunicación e Información.


– RANGEL, José V. (2005). Desapariciones Forzadas. Caracas – Venezuela.


www.cofavic.org.ve//ddhh.venezuela//violaciones.htm.


www.bibliografias.com/violaciondeddhh.venezuelahtm


www.elnacional.com.informaciones/venezuela/josevicenterangel.htm.
www.vicepresidenciadelarepublicabolivarianadevenezuela.gov.ve




Poder constituyentes 1999. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. EDI. Micabu. 2000.


Este trabajo fue realizado por:
Bachilleres:
Yuri Rodríguez
José L Yecerra
Ramón Álvarez
Guillermo Primera
Antonio Escalona
Jimmy J Querales
Sandy Falcón
José Apolinar Sánchez
Emir Campo
Chivacoa, mayo de 2006


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