Colombia: complejidad del conflicto en el Cauca y la lucha por la paz (Parte 1)

Fernando Dorado, Popayán 21/07/2011
Atentados con carro-bombas en Toribío y Corinto

Popayán – Los carro-bombas detonados por las FARC el pasado fin de semana (09.07.2011) en los cascos urbanos de los municipios de Toribío y Corinto en el departamento del Cauca – al suroccidente colombiano –, que dejan graves secuelas de destrucción y terror, muertos, heridos, damnificados por pérdida de viviendas y sentimientos de rabia y frustración, muestran el grado de degradación del conflicto armado en la región y en el país.
Dos regiones del Cauca se destacan entre las más afectadas por esta ola de violencia.

Una es la región montañosa del nororiente que rodea el Volcán del Huila. Contempla la parte alta de los municipios de Toribío, Corinto, Jambaló, Miranda, Caloto, Santander de Quilichao, Caldono y Páez, poblada principalmente por indígenas de la etnia Nasa. Allí confluyen los departamentos del Valle, Tolima, Huila y Cauca (Nota 1)

La otra es la zona que va desde la vertiente occidental de la cordillera occidental hasta la Costa Pacífica. Abarca a los municipios de El Tambo, Balboa, Argelia, Timbiquí, Guapi, López de Micay, y envuelve hacia el norte del departamento – con su ola de terror y muerte –, a municipios como Morales, Suárez y Buenos Aires.

Hacen presencia grupos armados vinculados a los “Rastrojos” que se disputan el territorio con la guerrilla y las avanzadas del ejército oficial. Todo gira en torno al control del activo mercado del narcotráfico, de insumos, armas, droga, impuestos a los cultivos de uso ilícito, al procesamiento y comercio del clorhidrato de cocaína y de la minería de oro, que ha tenido un auge inusitado en los últimos tiempos. 

No es casual que el Cauca esté en el ojo del huracán del conflicto. Convergen en esta región intereses económicos y territoriales de alto valor estratégico para capitalistas nacionales y extranjeros, conflictos sociales y culturales acumulados en el tiempo, y aspectos relacionados con la guerra que se libra entre la insurgencia armada y el Estado.

Para entender esta situación se debe revisar la historia y evolución del conflicto en esta región de Colombia. Allí coinciden un conjunto de fenómenos sociales, económicos, políticos y culturales que deben ubicarse en contexto, identificar sus orígenes y el acontecer de una guerra que ha sido alimentada a lo largo de siglos de discriminación, despojo, exclusión, y resistencia étnica, social y cultural.

El nudo estratégico del Huila-Tolima-Valle-Cauca
No es casual que Marquetalia y Riochiquito estén ubicadas en la región. Eran 2 de las 4 denominadas “repúblicas independientes”. Fueron centros de resistencia de campesinos liberales y comunistas a finales de la Violencia de los años 50s del siglo pasado. Allí nacieron las FARC en 1963. Arturo Alape narra en su libro “Tirofijo: los sueños y las montañas” (vedi nota 1), cómo Pedro Antonio Marín, alias “Manuel Marulanda Vélez”, a finales de los años 70 reconstruyó la estructura de la guerrilla recorriendo a pie este inhóspito e inconquistable corredor montañoso.

Pero hay que mirar más atrás. Durante la guerra de “conquista” y colonización española ésta zona se convirtió en refugio de cientos de familias y tribus yalcones, “pijaos”, nasas y “paeces”, que nunca fueron derrotadas. Sólo hasta 1911 el Estado colombiano – valiéndose de la prefectura de la Iglesia – pudo penetrar en áreas pobladas por comunidades indígenas nasas que eran calificadas como salvajes y rebeldes por defender su independencia y autonomía. Sin embargo, gran parte de ésta región – al igual que muchas otras del país – son verdaderas fronteras internas en las que el Estado apenas tiene un control esporádico y temporal cuando así lo requieren las circunstancias.

Además, en 1947 – cuando la “violencia liberal-conservadora” estaba en inicio y ascenso –, una numerosa población campesina de origen paisa fue trasladada a Corinto (y también a Huisitó, Playarrica y Costanueva, municipio de El Tambo). Era población desplazada de Antioquia y el Eje Cafetero que más adelante se constituyó en base de apoyo a guerrillas liberales. En su seno surgieron dos tendencias del liberalismo que marcaron durante la 2ª mitad del siglo XX el devenir del norte del Cauca: la que encabezó Humberto Peláez Gutiérrez, senador de la república, presidente del Parlamento Latinoamericano, aliado de la clase terrateniente del Valle y del Cauca, y Gustavo Mejía, dirigente campesino, militante y diputado del Movimiento Revolucionario Liberal, asesinado en 1974, quien fue uno de los fundadores del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC en 1971.

Hoy esta región está convulsionada. Los grandes terratenientes del Valle del Cauca – dueños de los ingenios azucareros más poderosos de América Latina – apuestan por la destrucción de la resistencia indígena que mantiene el control de áreas estratégicas por su riqueza hídrica y su potencialidad energética. Además, los empresarios del azúcar y el etanol, al sentir amenazada “su” propiedad monopólica de la tierra, alientan solapadamente – con el apoyo del gobierno – a comunidades negras afrodescendientes para que se conviertan en una barrera protectora de sus intereses territoriales frente a la “amenaza indígena”.

En ese marco, se sostiene una precaria y débil economía campesina que produce café, plátano, yuca, fique, tomate, frutas y otros productos de “pancoger”, que se entrelaza y subsidia con ingresos de la economía del narcotráfico. Dicha economía se realiza en pequeños mercados a donde llegan los escasos ingresos de los corteros de caña y otros jornaleros del campo. Cultivos de marihuana y coca sustentan laboratorios móviles donde se procesa la droga que a su vez es el soporte económico y financiero de una guerra que golpea principalmente a las comunidades rurales. La han vivido y soportado durante seis décadas continuas. 

La coyuntura del conflicto en el nor-oriente caucano
Por las características del territorio y la población y, por la dinámica de la guerra que el Estado adelanta contra la insurgencia, era casi predecible que una parte de los jefes guerrilleros se vieran obligados a refugiarse en esta zona. Su desplazamiento hacia fronteras con Brasil, Venezuela o Ecuador, los aislaba de los frentes de guerra. Depender de la tecnología de comunicaciones era muy riesgoso como lo comprueban los operativos gubernamentales en donde el uso de tecnología de punta fue uno de los factores claves para que el ejército les asestara fuertes golpes en los últimos años. 
          
Pero a todo lo anterior se suma un nuevo factor socio-político. Es una situación especial que ocurre al interior de las comunidades indígenas. Se acumuló durante varias décadas y consiste en que su lucha de resistencia ha entrado en una fase de estancamiento y crisis política e ideológica. Esa cruzada histórica de la población nativa tuvo un fuerte empuje con la fundación del CRIC (1971), lo que permitió a las comunidades recuperar gran parte de su territorio ancestral, y más adelante – con la aprobación de la Constitución de 1991 – obtener el reconocimiento formal de la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana, así como la organización de las Entidades Territoriales Indígenas ETIS.

La verdad es que las conquistas del movimiento indígena – territorio, defensa de su lengua y cultura, manejo y administración de recursos económicos del Estado (transferencias nacionales a través de los Cabildos), y el acceso a órganos de gobierno como alcaldías, concejos municipales, asamblea departamental y Congreso de la República por medio de la elección de sus propios representantes –, no se ha traducido en suficientes beneficios para el conjunto de la población. El impacto del modelo económico neoliberal profundizó la debilidad de la economía campesina e indígena que, es en gran medida, de subsistencia, y ha traído consecuencias funestas para el conjunto de la población. 

Pero además, en la distribución, tenencia y disfrute de las tierras ancestrales y recuperadas, también existen irregularidades, inequidad y conflictos. No todo es color de rosa ni armonía al interior de los pueblos nativos. La influencia de la población campesina vecina o que habita en áreas de resguardo, que actúa con otros valores frente a la propiedad individual y a la producción agropecuaria, desnuda ante la población más pobre de las comunidades indígenas una serie de injusticias que se han acumulado a lo largo del tiempo. 

De igual manera se presentan otras situaciones que han debilitado al movimiento indígena. Han hecho carrera – en forma parcial pero ostensible –, actitudes de corrupción y burocratismo en las organizaciones indígenas. No se ha enfrentado la política neoliberal en los servicios de salud y educación. Pero lo que es más grave, la forma autoritaria e inconsulta como se manejan los diversos programas ha generado no sólo inconformidad entre las bases comunitarias sino una profunda división que se expresa a diversos niveles.

Así, esa realidad contradictoria ha puesto en tensión a las fuerzas que evolucionan al interior de las sociedades originarias. Se enfrenta la formalidad de la propiedad colectiva con la realidad del disfrute concreto de los beneficios obtenidos por la lucha de las comunidades. Ante esa situación conflictiva, la dirigencia del movimiento indígena, las autoridades tradicionales y los gobernadores de Cabildos, no han reaccionado con la suficiente capacidad política y con métodos democráticos y participativos. 

Un conflicto generacional está en la base de esta contienda comunitaria. La generación de dirigentes que lideró la recuperación del territorio en los años 70 y 80, que era muy compenetrada con sus raíces indígenas ancestrales en donde se destacaban los médicos tradicionales, fue reemplazada por la “generación de la Constitución del 91” que requería de conocimientos técnicos para el manejo de las transferencias y, de los “planes de vida” y sus “proyectos de desarrollo”. Esa nueva generación, formada en centros tecnológicos y universidades, carecía del espíritu esencial de sus “mayores”. No hubo continuidad en la formación de ese nuevo liderazgo.

El auge de las religiones e iglesias – protestantes y evangélicas –, hace  parte de esa búsqueda (Nota 1). Pero así mismo, el espíritu rebelde del pueblo nasa encuentra en la insurgencia armada una vía de desfogue, que además cuenta con importantes recursos económicos y ofrece una solución inmediata para cientos de jóvenes que están enfrentados al desempleo, a la discriminación social y racial, y a la descomposición de sus comunidades y familias.

En ese contexto la insurgencia armada, especialmente las FARC, ha encontrado un caldo de cultivo óptimo para fortalecer su presencia en la región. El replanteamiento de su estrategia retornando a la “guerra de guerrillas”, a la organización de redes de milicianos y colaboradores, le dan una ventaja frente a un ejército acostumbrado a operativos en las selvas de los Llanos Orientales o a una policía que no sale de sus cuarteles blindados. Es importante recordar que el ejército en esas alejadas zonas usó la estrategia de “tierra arrasada” o encontraron comunidades cansadas de la guerra y dispuestas a colaborar en la lucha contra-insurgente.

Hoy las nuevas generaciones no están totalmente conformes con los resultados de la lucha. Muchos jóvenes están en la búsqueda de sus orígenes y raíces. Algunos, canalizan esa energía hacia el “rescate de su cosmovisión”. Otros, influenciados por la cultura occidental dominante pero – empujados por necesidades reales –, no sólo se muestran críticos sino que exigen resultados concretos para sus vidas. Se han generado así, condiciones para que los descendientes actuales de la población originaria busquen otras respuestas y alternativas de solución a sus problemas. 

Esas “ventajas comparativas” que las FARC han encontrado en esta región son casi únicas, excepcionales pero frágiles y temporales. Sólo una justa valoración política y un tratamiento no sólo militar, podría darle una real ventaja a la insurgencia. Lo sucedido en Toribío y Corinto sumado al tono de las “recomendaciones a la población civil colombiana” (Nota 1) indican lo contrario. Se nota desespero frente al cerco que el ejército despliega contra el comandante Cano en la otra vertiente de la cordillera central. Pero lo que es más grave es que se plantean un pulso militar con el Estado, en donde pretenden impedir que el gobierno instale guarniciones militares en áreas pobladas, colocando a las comunidades y las autoridades locales en el dilema de “si no estas conmigo, estás contra mí”. Las consecuencias podrían ser muy graves.
(continuará)
Notas
_________


[1] En total son 18 municipios del Tolima, Huila, Valle del Cauca y Cauca involucrados en ese escenario
[2] Alape Arturo, “Tirofijo: los sueños y las montañas”. Colombia: 40 años de luchas guerrilleras, Editorial 21, Buenos Aires, 1998

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